Un motociclista fue tiroteado por militares tras desobedecer una orden para detenerse.
El despliegue fue decretado el 16 de febrero pasado, para poner fin a la creciente ola de violencia.
Río de Janeiro registró la noche del sábado la primera muerte de un civil causada directamente por un miembro del Ejército desde que fue decretada el 16 de febrero pasado la intervención militar en la seguridad pública del estado más emblemático de Brasil.
La muerte ocurrió cerca de una instalación militar en la zona norte de la ciudad, luego de que el conductor de una motocicleta, supuestamente, desobedeciera la orden para detenerse que le dieron los miembros de una patrulla que habían montado un retén en la vía, según el Comando Militar del Este.
El motociclista fue tiroteado por uno de los soldados que estaban en el retén y murió de forma inmediata víctima de un disparo en una zona aledaña de la Villa Militar y próxima de una importante vía expresa para autobuses conocida como Transolímpica.
La muerte provocó protestas de algunos vecinos de la Villa Militar, que llegaron a quemar un autobús en las inmediaciones.
De acuerdo con el Comando Militar, la víctima, identificada como Diego Augusto Ferreira, de 25 años, tenía tres antecedentes criminales, dos de ellos registrados cuando aún era menor de edad.
El Comando Militar del Este, división del Ejército con jurisdicción en Río de Janeiro, informó de que el hecho está siendo investigado y que adoptó todas las medidas necesarias para aclararlo.
No hay denuncias por el hecho
La Comisaría de Homicidios de Río de Janeiro informó de que no recibió denuncia sobre la muerte y el Decimocuarto Batallón de Policía también negó haber sido comunicado del hecho.
Ello debido a que una polémica ley sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil, criticada por todas las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, incluso por la OEA y la ONU.
La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado, pero aunque los militares vienen siendo usados en operativos puntuales en favelas de Río controladas por organizaciones criminales, hasta ahora no han conseguido frenar la violencia.
