El expresidente Jair Bolsonaro ha sido convocado a declarar este miércoles en la sede de la Policía Federal.
De forma paralela, el tribunal abrió un nuevo juicio preliminar contra otros 200 sospechosos.
El día de la intentona golpista fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300.
El Tribunal Supremo de Brasil aprobó la imputación penal de los primeros 100 acusados de haber cometido los ataques a las sedes de los tres poderes del 8 de enero pasado, para intentar forzar un golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El juicio preliminar, que la alta corte realizó por vía telemática, concluyó en la medianoche después de terminar el plazo de una semana que los magistrados disponían para votar.
De forma paralela, el Supremo abrió este martes un nuevo juicio preliminar contra otros 200 sospechosos de haber participado en la intentona golpista, un proceso en el que los magistrados podrán votar hasta el 8 de mayo.
En el primer juicio preliminar, ocho magistrados votaron a favor de la imputación de los 100 primeros acusados, mientras que otros dos pusieron reservas en relación a algunos cargos, o consideraron que los reos deberían de ser juzgados en otras instancias.
Los cargos contra los imputados incluyen una vasta serie de delitos, entre los cuales figuran "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho", "daños calificados", "asociación para delinquir" e "incitación al crimen", todos tipificados en el Código Penal.
Los acusados fueron detenidos después de participar el 8 de enero en el asalto a las sedes de los tres poderes de la Nación, en un intento de los radicales bolsonaristas de derrocar al presidente Lula, quien inició su mandato una semana antes.
El día de la intentona golpista fueron detenidas 2.151 personas y permanecen en prisión unas 300.
El resto ha sido excarcelado, pero responderá a las acusaciones en libertad y bajo estrictas medidas cautelares.
Hasta ahora han sido denunciadas 1.390 personas por actos antidemocráticos, 239 en el grupo de ejecutores, 1.150 en el de incitadores y una persona que es investigada por supuesta omisión de agentes públicos.
Mientras la Corte Suprema se vuelca al análisis de las primeras denuncias, la Policía Federal continúa las investigaciones en torno a ese atentado contra la democracia mediante operaciones en todo el país.
El expresidente Jair Bolsonaro ha sido convocado a declarar este miércoles en la sede de la Policía Federal, para determinar si el líder de la extrema derecha incitó de alguna forma a sus seguidores, que causaron cuantiosos daños en la sede de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo.
De forma paralela, este miércoles el Congreso Nacional analizará la creación de una comisión parlamentaria para investigar los hechos del 8 de enero.
