El presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, decidió este jueves posponer por segundo día consecutivo la sesión de la cámara, en la que estaba prevista la segunda lectura de una polémica propuesta de ley de extradición que se ha topado con una oposición masiva en las calles.
"El presidente del Consejo Legislativo ha decidido que la reunión del Consejo del 12 de junio de 2019 no tendrá lugar hoy (13 de junio)", indicó el órgano en un comunicado publicado en su página web.
"(Este) se anunciará una vez que el presidente determine el momento de la reunión", agregó el texto.
Este anuncio llega después de que ayer decenas de miles de personas se manifestaran ante la sede del legislativo hongkonés para pedir la retirada de la propuesta de ley, unas protestas que dispersó la policía con gases lacrimógenos y pelotas de goma, y que dejaron 72 heridos (dos de ellos, de gravedad).
La jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, aseguró que los manifestantes atacaron a la policía lanzando ladrillos, quemando objetos y con barras metálicas afiladas en lo que consideró "una instigación descarada a la revuelta".
Además, las oficinas del gobierno de Hong Kong permanecerán cerradas hoy y mañana "por motivos de seguridad" y la parada de metro de Admiralty, la más cercana a la sede del gobierno, no operará al menos durante este jueves.
Asimismo, varias calles permanecen cortadas en la zona por la policía y un centro comercial aledaño ha anunciado su intención de no abrir sus puertas durante el jueves.
La propuesta de ley se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China, carente de separación real de poderes o mecanismos de fiscalización.
El Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal, que se han incluido varias "salvaguardas" y que los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones.
Pero los opositores a ésta temen que, con la nueva ley, activistas locales, periodistas críticos o disidentes chinos residentes en Hong Kong también puedan ser enviados a la China continental para ser juzgados.
