El presidente del Consejo Legislativo de Hong Kong, Andrew Leung, aseguró que los diputados hongkoneses votarán sobre la polémica propuesta de ley de extradición el próximo 20 de junio, informó hoy martes el rotativo independiente Hong Kong Free Press.
Leung explicó a los medios hongkoneses que ha reservado 66 horas para debatir en los próximos días, incluyendo cinco horas para sesiones de preguntas y respuestas no relacionadas con el controvertido proyecto de ley que podría permitir la extradición de "fugitivos" a la China continental.
"He dado mucho tiempo a este debate", dijo Leung, añadiendo que las deliberaciones deberán concluir a las 20:00 hora local (08:00 horas de Chile) del próximo jueves 20 de junio.
Normalmente, el Consejo Legislativo se reúne cada miércoles y jueves, pero Leung ha añadido sesiones adicionales para este viernes, y otras dos reuniones los próximos lunes y martes.
Mientras, grupos de la sociedad civil de Hong Kong hicieron hoy llamamientos para hacer sentadas, huelga de hambre y una huelga general en protesta por la propuesta de ley, que podría poner en riesgo los derechos de los hongkoneses, y que se somete a una segunda lectura mañana miércoles.
Por su parte, los gobiernos de Pekín y Hong Kong mostraron el lunes su intención de continuar con la reforma legislativa, a pesar de la multitudinaria manifestación en contra del pasado domingo en la excolonia británica.
Los opositores a la propuesta de ley alegan que dejará a los ciudadanos de la ex colonia británica desprotegidos frente a una China carente de contrapesos o separación de poderes.
Propuesta en febrero y con una votación final que podría efectuarse antes del fin de julio, el texto permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos -en particular, China y Taiwán- ni supervisión legislativa.
En teoría, los tribunales locales revisarían los casos de manera individual y podrían usar poder de veto para impedir ciertas extradiciones, mientras que el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intentar tapar un vacío legal.
El plan se ha topado con la oposición de un gran espectro social -desde activistas a empresas- que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong -que pertenece a China pero cuenta con autonomía en campos como las leyes o la moneda- acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.