Dos periodistas fueron sentenciados a pagar dos millones de dólares.
El presidente "tiene un extenso registro de utilizar las leyes de difamación", afirmó representante de CPJ.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) criticó la sentencia contra dos periodistas ecuatorianos que les obliga a pagar dos millones de dólares por difamar y causar "daño moral" al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
"El presidente Correa tiene un extenso registro de utilizar las leyes de difamación para silenciar a periodistas críticos, y esta práctica debe llegar a su fin", afirmó el coordinador para las Américas del CPJ, Carlos Lauria, en un comunicado de prensa.
Lauria, que dijo que este caso está claramente diseñado para "amordazar voces críticas", confió en que la sentencia sea revocada por el tribunal de apelaciones.
Juan Carlos Calderón y Christian Zurita detallan en su libro "El Gran Hermano" los contratos que supuestamente tenía con el Estado Fabricio Correa, hermano del presidente, a través de empresas, algunas de ellas "de papel" y constituidas en el extranjero.
La sentencia, condena además a los dos periodistas a pagar 100.000 dólares a los abogados del presidente en concepto de honorarios.
El Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene su sede en Nueva York, recordó que la ley ecuatoriana prohíbe a integrantes de la familia presidencial hacer uso de sus relaciones para beneficio económico.
Tras la publicación del libro, el presidente Correa canceló los contratos, alegando que no tenía conocimiento de ellos, pero presentó una demanda contra los periodistas y dedicó varias alocuciones nacionales a desacreditar al libro y a sus autores.
Calderón opinó que esa indemnización es "desproporcionada y absurda", y una forma de "embolsicarse (embolsarse) dos millones de dólares sin trabajar", en una rueda de prensa en la que anunció junto con Zurita que apelarán la sentencia.
Asimismo, el periodista enfatizó que durante el juicio "no se han encontrado pruebas que desmientan las afirmaciones" del libro, mientras que la ONG Fundamedios, tildó la condena de un "gravísimo atentado contra la libertad de expresión".
