En su primera entrevista tras decretar la "muerte cruzada", el mandatario explicó las razones de su decisión.
Apuntó que la oposición quiso “plantear un juicio político, acusándome de un delito que no existe en el Código penal ecuatoriano”.
"Esta es una decisión de un calado muy profundo, que no se toma en un minuto ni un día", declaró este jueves el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional de este miércoles.
En una entrevista exclusiva a CNN Español, el mandatario aseguró que redujo su programa de gobierno voluntariamente y se debe al ver una "actitud belicosa de los opositores", poniendo así al país "por encima de cualquier interés personal".
Asimismo, explicó que sus opositores quisieron "plantear un juicio político, acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos".
Y apuntó que el contrato –por el que se encuentra en juicio- no fue firmado en su gobierno. "Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituirme sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior", dijo.
Bajo la misma línea, subrayó que "en mi periodo de Gobierno no hay un solo negociado en empresas públicas. No hay un solo caso. Por eso digo que hubo una acusación perversa que no tuvo pruebas, ni testigos".
Lasso invocó este miércoles la formula constitucional de "muerte cruzada", que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, argumentando que hay una crisis política derivada del juicio.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, tiene como proyecto la "desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado". Por lo que agregó que "no es posible avanzar" en Ecuador teniendo una Asamblea que no lleva a cabo tareas de fiscalización, sino que se limita a la "obstrucción".
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec, que según la controlaría ecuatoriana, perjudicó al país en 6,1 millones de dólares. Sin embargo, fue firmado en 2020 durante el gobierno antecesor de Lenín Moreno.
Sobre la situación, se pronunció el expresidentes Rafael Correa (2007-2017), quien calificó como "último clavo de su propio ataúd político", luego de señalar que se trata de un golpe de Estado.
"Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es una gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria", arremetió Correa.
Por otro lado, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza, declaró que "nos declaramos en vigilia permanente en defensa de los intereses del pueblo ecuatoriano".
No obstante, el Frente Popular, que agrupa varios sindicatos, que no ha descartado movilizaciones en las calles, por considerar la "muerte cruzada" como inconstitucional.
