Amy Barret juró esta noche su cargo como nueva jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la mano del presidente Donald Trump, consolidando así la mayoría conservadora en la corte más importante del país.
En una ceremonia en la Casa Blanca, y ante todos los miembros de la corte, el juez Clarence Thomas tomó el juramento a Barret, ultraconservadora de 48 años, quien se convirtió así en la magistrada número 115 del alto tribunal, de cargo vitalicio.
La confirmación de Barrett este lunes en el Senado -52 votos a favor -todos de senadores republicanos- y 48 en contra -todos los demócratas y la conservadora Susan Collins- llegó tras un apresurado y polémico proceso que se inició el 18 de septiembre pasado con la muerte de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg a los 87 años.
Barrett fue nominada por Trump días después, el 26 de septiembre, antes de que Ginsburg fuese incluso enterrada.
Del mismo modo que los republicanos bloquearon la confirmación de un juez progresista durante el último año del mandato de Barack Obama, no quisieron arriesgarse ahora a que una posible victoria demócrata la semana que viene frustrase sus planes con Barrett.
Los republicanos aprovecharon así su control sobre el Ejecutivo y sobre el Senado para decantar aún más a su favor el Supremo, que ahora queda con seis magistrados conservadores y tres progresistas, lo que marca el futuro de la corte para las próximas décadas.
Trump, de hecho, ha logrado confirmar a tres jueces para el Supremo en sus cuatro años en el poder: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Barrett.
Barrett tendrá que decidir ahora si se abstiene de participar en cualquier posible apelación que llegue al Supremo relacionada con los resultados de las elecciones, algo con lo que no quiso comprometerse durante sus audiencias de confirmación a pesar de haber sido nominada por uno de los dos candidatos en liza, Trump.
Los conservadores consideran la confirmación de Barrett como una "victoria histórica" para quienes se oponen al aborto, porque la jueza es contraria a ese derecho garantizado en EE.UU. desde 1973, aunque no ha querido aclarar si votaría para socavarlo.