La norma, que debe firmar el alcalde Mike Johnston, fue calificada de "inconstitucional" por el Departamento de Seguridad Nacional.
La ordenanza incluye excepciones para operativos encubiertos y despliegues de equipos tácticos especiales.
El Concejo de Denver aprobó una ordenanza que prohíbe a agentes de ICE y a otros funcionarios federales cubrirse el rostro durante operativos en la ciudad, con el objetivo de reforzar la identificación de las autoridades y disminuir la incertidumbre en comunidades con alta presencia migrante.
El incumplimiento de la disposición —que exige además portar una credencial visible— podría derivar en citaciones o arrestos por parte de la Policía local. La norma contempla excepciones para operaciones encubiertas y equipos tácticos especiales.
"Las comunidades nos han dicho que sienten miedo porque no saben quién les está pidiendo información", señaló la concejal Shontel Lewis tras la votación realizada la noche del lunes.
La concejal Flor Alvidrez agregó durante la sesión que recibió llamados de vecinos preocupados por agentes armados tocando puertas sin acreditación visible.
La ordenanza entrará en vigor cuando la firme el alcalde Mike Johnston, aunque su efectividad está en duda debido a la falta de mecanismos claros para hacerla cumplir frente a autoridades federales.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó la medida, la calificó de "inconstitucional" y afirmó que sus agentes "no acatarán" esa disposición. La cartera también defendió el uso de pasamontañas como resguardo ante amenazas y la difusión de datos personales de sus funcionarios.
La normativa se suma a una orden ejecutiva firmada el 26 de febrero por Johnston que prohíbe a agentes de ICE realizar operativos en propiedades municipales sin orden judicial válida, limita el uso indebido de la fuerza y autoriza a la Policía local a proteger a manifestantes.
Asimismo, exige identificación visible y restringe acciones en lugares sensibles como escuelas e iglesias sin supervisión judicial.
Las medidas se adoptan en una ciudad donde el debate migratorio es relevante. Según la organización FWD.us, cerca del 9 % de quienes viven en Denver —unas 264.000 personas— son indocumentados o conviven con alguien sin estatus legal, con una población estimada de entre 90.000 y 110.000 personas, aunque no existe un conteo oficial único.
La decisión ocurre en medio de la preocupación de padres migrantes en Denver y Aurora, algunos de los cuales han dejado de enviar a sus hijos a la escuela por temor a redadas.
El fin de semana pasado, en Lakewood, se realizó un operativo de ICE en el que la esposa de un hombre detenido afirmó haber visto a agentes federales perseguir a su marido y forzar la entrada al departamento familiar.
De acuerdo con la Policía de la zona, el incidente incluyó una colisión con vehículos federales y la posterior detención del sospechoso.
También se han efectuado redadas en Aurora vinculadas a la búsqueda de presuntos integrantes del Tren de Aragua, cuestionadas por autoridades locales y defensores civiles. Además, el Distrito Escolar de Denver presentó una demanda contra el mandato federal que permite operativos de ICE en salas de clases.
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