Departamento de Justicia argumentó que la inmigración "es un asunto federal" y que "no puede estar sujeto a un mosaico de medidas estatales".
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una apelación contra la polémica ley de inmigración del estado de Alabama, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad.
El recurso fue presentado por el Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito 11, con sede en Atlanta, y solicita que se bloquee la aplicación de toda la ley en tanto se decide el caso.
En la apelación, el gobierno argumenta que, según la Constitución estadounidense, la inmigración es un asunto federal y, por tanto, "no puede estar sujeto a un mosaico de medidas estatales".
"Alabama no tiene autoridad para regular en el ámbito de la inmigración", recuerda el Gobierno en la apelación.
Bloqueo temporal de la norma
El pasado miércoles, un tribunal federal de Alabama bloqueó temporalmente algunas de las partes más polémicas de esa ley (HB56), que debía entrar en vigor el 1 de septiembre.
En su dictamen de 115 páginas, la jueza federal Sharon Lovelace Blackburn prohibió al gobierno estatal de Alabama aplicar cuatro de las cláusulas contenidas en esa ley, promulgada por el gobernador Robert J. Bentley el pasado 9 de junio.
Sin embargo, la juez no se pronunció sobre la constitucionalidad de la HB56, que atropella los derechos civiles de los inmigrantes e interfiere en una labor que sólo corresponde al Gobierno federal, según sus detractores.
Como resultado de su decisión, las autoridades de Alabama no podrán -al menos por el momento- arrestar a indocumentados que soliciten o realicen trabajos en lugares públicos o privados, ni a personas que oculten, transporten o alberguen a indocumentados.
Tampoco se prohibirá que las compañías puedan declarar como gasto empresarial, a efectos de impuestos, los salarios pagados a trabajadores indocumentados.
El texto de la ley, que se inspiró en la SB1070 de Arizona de 2010 -frenada parcialmente en los tribunales-, exige que la policía, cuando detenga a alguien por alguna infracción, le pida los "papeles" si sospecha que es un inmigrante indocumentado.
