La Agencia Antidrogas Estadounidense puso en circulación teléfonos Blackberry que se encontraban intervenidos.
Aseguran que esta práctica pone en peligro la libertad de expresión.
Esta práctica crea "riesgos de privacidad y seguridad para cualquiera que finalmente use ese dispositivo".
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno de Estados Unidos de espiar mediante teléfonos móviles pirateados a supuestos delincuentes para vigilar sus comunicaciones.
Las autoridades operaban de incógnito, haciéndose pasar por vendedores clandestinos, para conseguir que los presuntos criminales emplearan dispositivos que podían ser controlados de dos formas diferentes, de acuerdo con documentos a los que dice haber tenido acceso HRW.
Por un lado, las fuerzas de seguridad ponían en circulación teléfonos Blackberry, cuyas claves de encriptación individuales estaban en manos de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA, en sus siglas en inglés), de manera que los agentes tenían acceso al contenido de los dispositivos en todo momento.
El otro método era instalar un software específico que permitía el pirateo de los celulares una vez se encontraban en manos del supuesto delincuente.
"Poner en circulación un teléfono inteligente cuya seguridad ha sido comprometida podría crear riesgos de privacidad y seguridad para cualquiera que finalmente use ese dispositivo", denunció en un comunicado Sarah St. Vincent, investigadora de seguridad nacional y vigilancia estadounidense de HRW.
St. Vincent aseguró que esta práctica podría "poner en peligro" el derecho a la libertad de expresión y se preguntó, ante la posibilidad de estar siendo vigilado por el Gobierno, "¿Quién va a hablar libremente por teléfono?".
El hecho de que la DEA distribuyera aparatos, cuyas claves poseía, queda reflejado, según el grupo, en documentos judiciales presentados entre 2012 y 2014 durante un juicio contra una supuesta red de narcotráfico de la que formaba parte John Krokos, un canadiense aparentemente involucrado en el tráfico de cocaína.
A principios de 2010, Krokos y algunos de sus socios comenzaron a comprar en California dispositivos Blackberry encriptados a un individuo que en realidad era un agente encubierto.
Tras el arresto de la banda, las autoridades presentaron ante el tribunal una serie de órdenes judiciales que les autorizaban a controlar las llamadas y mensajes de los presuntos narcotraficantes, pero no aportaron ningún permiso para distribuir los dispositivos pirateados.
La segunda vía para controlar las comunicaciones de los sospechosos queda patente en un correo electrónico de 2015 entre las autoridades y la empresa italiana Hacking Team, dedicada a la venta de tecnología de vigilancia.
HRW recalcó que, bajo las leyes internacionales de derechos humanos, toda vigilancia que viole la privacidad de un individuo debe estar autorizada "clara y públicamente" por un juez.
