El joven de origen venezolano Anthony Borges, considerado un héroe por proteger a sus compañeros durante el tiroteo en la escuela de Parkland, Florida el pasado 14 de febrero, en el que recibió cinco disparos, planea demandar a las autoridades locales por negligencia.
Alex Arreaza, abogado que representa a Borges, de 15 años, y su familia, envió este lunes una carta en la que informa de sus intenciones a varias agencias del condado de Broward, donde se encuentra la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School, donde murieron 17 personas y otra quincena resultó herida.
El joven, que recibió cinco disparos en las piernas y el torso, busca compensación económica para poder afrontar el costoso tratamiento médico y recuperación a los que debe someterse por las heridas que sufrió.
Arreaza asegura que las facturas médicas derivadas de su tratamiento están por encima del millón de dólares, señala el diario Sun Sentinel, aunque la cifra de indemnización que pedirán todavía no fue determinada, según la misiva.
"La negligente manera en la que las escuelas públicas del condado de Broward, el director y el agente de policía reaccionaron para proteger a los estudiantes, y en particular a nuestro cliente, de una inminente amenaza contra su vida fue algo indolente, inaceptable y negligente", escribió Arreaza.
Debido a esta "acción o inacción", el joven, que permanece hospitalizado, sufrió unas lesiones que le impiden caminar y tiene dificultades para realizar "rudimentarias tareas por sí mismo".
Borges recibió los cinco impactos de bala cuando intentaba cerrar una puerta con la que proteger a una veintena de alumnos que intentaban esconderse.
La presión de padres y alumnos de la escuela llevó este lunes al Senado estatal, de mayoría republicana, a aprobar un proyecto de ley que aumentará la edad para comprar rifles de asalto de los 18 a los 21 años.
La nueva iniciativa supuestamente establece tres días de espera para poder finalizar la compra del arma y destinaría 400 millones a seguridad en las escuelas y reforzar los servicios de salud mental, entre otras medidas.
El proyecto deberá conciliarse con una de la Cámara de Representantes para su promulgación final por parte del gobernador.