Hacienda pidió que se aclare el uso de fondos públicos en esa consulta secesionista.
Gobierno plantea que se reclame a los ex gobernantes catalanes "las indemnizaciones procedentes".
El Ministerio español de Hacienda denunció al ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus ex consejeros ante el Tribunal de Cuentas para que se investiguen los costos del referéndum ilegal de "autodeterminación" del 1 de octubre y se les reclamen, en su caso, las "indemnizaciones procedentes".
Según confirmaron hoy a EFE fuentes del Ejecutivo, Hacienda envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para pedir que se aclare el uso de fondos públicos en esa consulta inconstitucional.
La Hacienda española pide a la Fiscalía que se determinen las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por el anterior gobierno catalán -destituido por el Ejecutivo central el 27 de octubre- para la organización y celebración del referéndum y concretar cuánto costó.
En concreto, se quieren aclarar todos los fondos públicos destinados a tal fin, incluidas las subvenciones que recibieron las entidades sociales independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium, también denunciadas ante el Tribunal de Cuentas.
Según las autoridades españolas, el papel de éstas en la promoción y organización del referéndum "parece evidente a la luz de las diferentes noticias publicadas en los medios de comunicación".
Una vez que se determinen los perjuicios para el erario público, el Gobierno plantea que se reclame a los ex gobernantes independentistas catalanes "las indemnizaciones procedentes" tras el correspondiente "procedimiento de responsabilidad contable".
Otro ex presidente catalán, Artur Mas, y varios de sus ex consejeros ya tienen abierto un expediente de responsabilidad contable en el Tribunal de Cuentas por organizar una consulta ilegal sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre de 2014.
En este caso, el órgano fiscalizador español fijó una fianza de 5,2 millones de euros (unos 6 millones de dólares) para Mas por el desvío de dinero público, de los que hasta ahora ha depositado 2,2 millones de euros (2,5 millones de dólares).
