Trescientos años después de que España cediera Gibraltar a Reino Unido, las tensiones entre los países resurgieron en una disputa detonada, aparentemente, por un arrecife artificial y por los altos costos de mantener la vigilancia fronteriza.
Los reclamos entre una parte y otra incluyen la visita de barcos de guerra, acciones legales y amenazas de llevar el asunto a instancias internacionales.
Reino Unido siempre ha insistido en que Gibraltar es legalmente británico, mientras que el gobierno español insiste en que el territorio debe volver a su propiedad. Conozca los detalles de los alegatos jurídicos, históricos y geográficos de cada una de las partes.
¿Quién lo ha tenido más tiempo?
La visión española
Desde el 711 A.C. a 1462, Gibraltar estuvo bajo dominación musulmana, al igual que la mayor parte de España. España (inicialmente Castilla) controló el territorio desde 1462 hasta 1704. Su condición política entre 1704 y 1713 fue la de un territorio ocupado por las fuerzas aliadas anglo-holandesas durante la Guerra de Sucesión Española.
Su condición de soberanía entre 1713 y 1880 fue la de un territorio tomado por derecho de conquista, pero legitimado en la forma de una cesión a los británicos (Artículo X, Tratado de Utrecht, 1713, Anexo I).
La visión británica
Las fuerzas anglo-holandesas capturaron la fortaleza de Gibraltar en 1704, durante la Guerra de Sucesión Española. Más tarde, la cedieron formalmente a los británicos a perpetuidad bajo el artículo X del Tratado de Utrecht en 1713.
El territorio de Gibraltar fue designado como colonia de la Corona británica en 1830 y catalogado como tal por Naciones Unidas en 1946. En 1964, se introdujo la Constitución de Gibraltar y se promulgó en 1969, estipulando que su condición de soberanía no se puede cambiar sin el consentimiento del pueblo de Gibraltar.
Largas filas se han provocado producto de los controles españoles (Foto: EFE)
¿Cuál es su situación jurídica?
La visión española
España cree que Gibraltar fue tomada en el contexto de una disputa dinástica española y reclama a Reino Unido la soberanía sobre la península entera. También insiste en que la cesión en el Tratado de Utrecht de 1713 no incluía el istmo con el aeropuerto y las aguas territoriales.
España cita el principio de la integridad territorial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 1514 (XV) que dice que "todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas".
También argumenta con dos resoluciones aprobadas en la década de 1960 bajo los Principios de Descolonización (2231 (XXI), Cuestión de Gibraltar y 2353 (XXII), Cuestión de Gibraltar), que indican que la unidad nacional y la integridad territorial tienen prioridad sobre el derecho de Gibraltar a la libre determinación.
La visión británica
Reino Unido señala que Gibraltar fue cedido por España mediante el Tratado de Utrecht de 1713, dándole "la plena y entera propiedad de la ciudad y castillos de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen, dando la dicha propiedad absolutamente para que la tenga y goce con entero derecho y para siempre, sin excepción ni impedimento alguno".
Además cita la longevidad de la ocupación y sostiene que el principio de la integridad territorial de Naciones Unidas, según la Resolución 1514 (XV), no anula el principio de la libre determinación. En la misma resolución dice: " Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política...".
"Gibraltar es mucho más grande de lo que era en 1713, algo de la pista de aterrizaje y las viviendas en la zona oeste están construidas sobre terrenos ganados al mar y el Tratado no dice nada sobre terrenos ganados al mar o aguas territoriales", afirma Chris Grocott, profesor de historia económica en la Universidad de Leicester.
¿Qué pasa con la autodeterminación?
La visión española
España también hace mención a dos resoluciones aprobadas en la década de 1960 bajo los Principios de Descolonización que no reconocen el derecho de Gibraltar a la libre determinación. Dice que la Resolución 2231 se centra en los "intereses" y no en los "deseos" de los habitantes de Gibraltar.
Gerry O'Reilly, catedrático de geografía y asuntos internacionales en la Universidad de Dublin City, explica que hasta la década de 1990 España consideró a la población de Gibraltar más como "una comunidad creada artificialmente desde 1713 a partir de orígenes heterogéneos por los procesos coloniales", que como indígenas, por lo que creyó que no cumplía con los criterios para cualquier forma de nacionalismo que se pudiera interpretar como dar un derecho a los principios "nacionales" de la libre determinación de Naciones Unidas.
Sin embargo, desde 2002 España ofreció al pueblo de Gibraltar una situación constitucional de región-comunidad autónoma dentro del Estado español, dice.
La visión británica
En 1967 se llevó a cabo un referéndum en Gibraltar que pedía a España y Reino Unido tener en cuenta los "intereses" de los habitantes de Gibraltar. En él, 12.138 de los 12.237 votantes eligieron "voluntariamente mantener sus vínculos con Reino Unido".
El referéndum fue condenado por la Asamblea General de Naciones Unidas y no fue reconocido por ningún organismo internacional o Estado. Reino Unido promulgó el Decreto Constitucional de Gibraltar en 1969, en la que se declaró que: "el Gobierno de Su Majestad nunca concertará acuerdos en virtud de los cuales el pueblo de Gibraltar pase bajo la soberanía de otro Estado contra sus deseos expresados libre y democráticamente".
La opinión de Gibraltar: En el referéndum sobre la soberanía de 2002, los votantes rechazaron abrumadoramente el plan para compartir la soberanía sobre Gibraltar entre Reino Unido y España. Gibraltar considera que Reino Unido le dio el derecho de autodeterminación en 1960, y que la Carta de las Naciones Unidas consagra el derecho a la libre determinación de todos los pueblos coloniales.
Los controles españoles aumentaron la tensión en el sector (Foto: EFE)
¿Qué pasa con Ceuta y Melilla?
La visión española
España dice que la situación en Ceuta y Melilla es completamente diferente a la de Gibraltar. Ambos territorios son parte de la propia España, no una colonia como Gibraltar. Ambos han estado en manos de los españoles desde el siglo XVI, siglos antes de que el estado moderno de Marruecos naciera.
España los reclama por razones históricas, por razones de seguridad nacional y por los principios de integridad territorial de Naciones Unidas. Hace hincapié en que la mayoría de los residentes son españoles.
Pero O'Reilly asegura que cualquier solución duradera sobre las cuestiones de soberanía de España y Reino Unido también debe reconocer la controversia territorial española-marroquí en la costa sur. Para Marruecos, la resolución de la cuestión anglo-española debe sentar un precedente para una resolución de la disputa de soberanía española-marroquí en relación con las Plazas.
La visión británica
España conserva cinco territorios en el norte de África (Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas y las islas Chafarinas). Ceuta y Melilla son los más famosos. Ambos son reclamados por Marruecos, que ha comparado la situación a la reclamación de España por Gibraltar. Ambos territorios se encuentran en la costa marroquí. La población de ambos Ceuta y Melilla desean permanecer españoles.
Marruecos sostiene que se deben aplicar los principios de Naciones Unidas de la descolonización, que las bases militares españolas localizadas allí amenazan la seguridad marroquí, y que también se aplican los principios de integridad territorial de Naciones Unidas.
Pero, a pesar del fuerte paralelismo, Reino Unido no trae a colación Ceuta y Melilla para reforzar el caso de la continuación del status quo de Gibraltar.
¿Existen otras razones subyacentes?
La visión española
Algunos han sugerido que España está tratando de desviar la atención de sus propios problemas económicos o de usar las posibles nuevas restricciones como moneda de cambio. España lo niega.
Ha acusado a Gibraltar de ser un paraíso fiscal empresarial, permitiendo a las empresas y a individuos ricos evitar el pago de millones.
España también cree que la frontera ha abusado y drenando recursos españoles.
El contrabando -de cigarrillos, en particular- es uno de los mayores problemas, tal y como la presunta elusión de los impuestos de residencia españoles.
Los derechos de pesca son otro punto de descontento, y ambas partes se quejan de las incursiones.
La visión británica
Aunque Gibraltar es pequeña, es de importancia estratégica, justo en la boca del Mediterráneo. O'Reilly sostiene que su ubicación en el estrecho le da acceso a una de las tres arterias más importantes del mundo en cuanto a la navegación comercial, el transporte de petróleo y el transporte para usos militares.
La base militar de Reino Unido ha sido históricamente de gran importancia: controló prácticamente todo el tráfico naval dentro y fuera del mar Mediterráneo y del Atlántico en la II Guerra Mundial. El astillero naval alguna vez dominó la economía.
Pero según Grocott, ahora Gibraltar tiene menos importancia militar. El turismo es uno de los cuatro sectores que dominan la economía actual y la mayoría de los visitantes llegan de Reino Unido. Le sigue el sistema de impuestos que ha atraído a empresas de servicios financieros.
Parte de la flota británica que salió desde el puerto de Portsmouth (Foto: EFE)
¿Qué dicen los líderes?
La visión española
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que espera que las conversaciones con Reino Unido terminen con la actual discusión sobre Gibraltar, pero que está dispuesto a "tomar medidas legales para defender los intereses de los ciudadanos españoles".
En tanto, el ministro español de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha declarado que "se acabó la fiesta". García-Margallo amenazó con cobrar a los automovilistas 50 euros (33 mil pesos) para cruzar la frontera, imponer restricciones de vuelo e investigar la situación fiscal de 6.000 gibraltareños que tienen propiedades en España. En ocasiones recientes, nuevos y rigurosos controles fronterizos han provocado filas de seis horas.
También ha habido informes de que España puede llevar el caso a Naciones Unidas.
La visión británica
El primer ministro, David Cameron, ha dicho que está muy claro que Reino Unido "siempre va a defender a la población de Gibraltar".
Dijo que una conversación telefónica mantenida con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, sobre los retrasos por los controles fronterizos en Gibraltar fue "constructiva" y que lo había llamado debido a "serias preocupaciones".
La opinión de Gibraltar: el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha acusado a España de hacer "ruido de sables" considerando sus declaraciones como algo "que uno escucharía de Corea del Norte".
¿Qué dicen los analistas?
La visión española
El diario ABC -al igual que muchos otros periódicos españoles- fue receloso acerca del reciente envío de tres barcos de guerra británicos a Gibraltar, a lo que llamó "una base naval que justifica una colonia".
En el artículo señala la fuerza de la presencia militar británica y la oposición gibraltareña a las acciones españolas. Por su parte, el periódico El Mundo dice que las largas colas en la frontera también están afectando a las personas que viven en la ciudad fronteriza española de La Línea, especialmente aquellos cerca del puesto fronterizo.
Después de un fin de semana "relativamente tranquilo", se espera que las tensiones se incrementen a medida que los turistas acudan en masa hacia Gibraltar y los buques de guerra despunten en el horizonte.
La visión británica
La analista del diario británico Financial Times, Kiran Stacey, dice que el conflicto es un recordatorio de las fricciones que pueden causar las restantes colonias británicas con los aliados y los dolores de cabeza en Cancillería.
"Gibraltar es único en su potencial de causar conflictos con un aliado de la UE", dice. Y no debe llegar a una etapa que infecte todas las otras partes de la relación bilateral. El periódico The Economist cree que esta última confrontación impedirá un acuerdo por otra generación.