El Gobierno de España confirmó que se hará cargo de la búsqueda e identificación de cerca de 120 mil víctimas de la dictadura de Francisco Franco, las que se encontrarían repartidas en unas 1.200 fosas comunes a través del todo el país.
La recién creada Dirección General de Memoria Histórica, dependiente del Ministerio de Justicia de España, anunció que se elaborará un plan nacional de búsqueda de desaparecidos que contará con arqueólogos, forenses, abogados y representantes de las familias de las víctimas, las que hasta la fecha han asumido esta labor gracias a donaciones privadas.
Los resultados se publicarán anualmente en los boletines oficiales de las comunidades donde se haya hecho la exhumación y elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, el primero de la historia de España.
Según el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ahora "se debe atender a los familiares de los desparecidos que están en las fosas y denunciar que el Estado no es quien estaba haciendo las exhumaciones; los familiares estaban proporcionándose a si mismos autoverdad, autojusticia y autoreparación".
Además, el Ejecutivo pretende reformar la ley de memoria histórica para anular las sentencias de tribunales franquistas, crear una comisión de la verdad y estudiar la ilegalización de asociaciones que hacen "apología del franquismo".
Por último, se está analizando la posibilidad de retirar los restos del dictador del Valle de los Caídos –construido por el propio Franco- para transformar su monumento en uno dedicado a sus víctimas.
