El parlamento griego se reúne este domingo en la sesión plenaria para votar sobre el acuerdo pactado por el gobierno que dirige Lucas Papademos con la troika para recibir un préstamo de 130.000 millones de euros que evite la bancarrota del país.
El pleno de la cámara comenzará con el debate del texto a partir de las 14:00 horas local (12.00 GMT y 09:00 horas de Chile), pero los participantes estiman que la votación no se concretará hasta pasado la medianoche.
A los diputados se les preguntará por tres cuestiones: el plan conocido como la quita (la condonación de 100.000 millones de euros de la deuda en manos privadas), el plan de recapitalización bancaria (necesario para contrarrestar las pérdidas que sufrirán los bancos con deuda griega) y las medidas de ajuste que la troika exige a cambio del crédito.
Durante la jornada del sábado, los líderes de las formaciones que apoyan al gobierno, el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK) y la conservadora Nueva Democracia (ND), instaron a sus diputados a seguir la disciplina de grupo y votar en favor del acuerdo, bajo la amenaza de sacarles de las listas electorales en las próximas elecciones -previstas para abril- si no lo hacen.
En los últimos días, seis miembros del gobierno -incluido un ministro y cinco viceministros-, un diputado socialista y un alto cargo de ND han dimitido en protesta por el acuerdo.
Además, más de veinte miembros del PASOK y trece de ND han anunciado públicamente que no apoyarán las medidas.
Aún así, el gobierno podría lograr la aprobación de su texto ya que aún cuenta con el apoyo de entre 190 y 200 diputados en la cámara de 300 escaños.
El primer ministro Papadimos envió anoche un mensaje televisado a la nación en el que advirtió de que la única alternativa a la firma del acuerdo es "la bancarrota" y el "caos social".
"El acuerdo garantiza el futuro de nuestro país en el euro", explicó Papademos, y dijo que ése es el deber de los gobernantes griegos respecto a las generaciones futuras y la verdadera "actitud patriótica", en respuesta a quienes acusan al gobierno de haberse "vendido" a los intereses de Bélgica, Alemania y el FMI.