Diez años después de que los portugueses decidieran en referendo despenalizar el aborto hasta las diez semanas de gestación, el país hace hoy el balance de una medida que, según datos oficiales, ha acabado con la mortalidad materna y está reduciendo progresivamente las interrupciones.
La cuestión de despenalizar el aborto, planteada a los ciudadanos el 11 de febrero de 2007, obtuvo el 59 por ciento de votos a favor y dio lugar a la Ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVG), en vigor desde 2008.
La IVG amplió el entonces vigente sistema de supuestos, que restringía el aborto a casos de malformación del feto, riesgo para la madre o que el embarazo fuese producto de una violación, las tres causales que actualmente se discuten en Chile, y ha tenido como primera consecuencia la mejora de la seguridad de las mujeres al haber casi erradicado el aborto clandestino.
"La mayor de las mejoras fue prácticamente haber acabado con el aborto clandestino y las complicaciones que traía. Eso es una ganancia en salud absolutamente extraordinaria", apunta a Efe el presidente de la Sociedad Portuguesa de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, Luís Graça.
Según los datos oficiales recopilados por la Dirección General de la Sanidad (DGS) de Portugal, entre 2008 y 2015 -año hasta el cual hay cifras disponibles- se realizaron en el país 145 mil 706 abortos voluntarios. Sólo murió una mujer, en 2010, y por un choque tóxico, algo que ocurre en uno de cada 100 mil casos.
El dato contrasta con las 14 mujeres fallecidas por abortos clandestinos entre 2001 y 2007, según estimaciones -pues no hay cifras sobre el aborto clandestino- que apuntan como causa a la utilización de instrumentos no desinfectados.
Número de abortos se reduce cada año
Graça destaca, además, que las estadísticas muestran cómo el número de abortos se reduce cada año desde 2011, cuando coincidiendo con el cénit de la crisis económica se registró el peak de 19.921 casos.
"A partir de 2011 ese número de abortos totales ha estado disminuyendo, por tanto está dentro de lo esperado. Creo que esto se va a estabilizar alrededor de los 15 mil (casos) por año", comenta.
En 2015 se alcanzó el menor número de interrupciones, 15.873, un 1,9 por ciento menos que un año antes, y se han dado sobre todo en mujeres de entre 20 y 24 años (el 23 por ciento del total), en su mayoría desempleadas (el 20 por ciento del total), según la DGS.
La DGS también expone la escasa reincidencia, ya que el 70 por ciento de las mujeres que abortaron por decisión propia en 2015 lo hacían por primera vez, y que casi el 96 por ciento de las que se sometieron a una IVG recurrieron posteriormente a un método anticonceptivo.
Críticas a despenalización
Los datos chocan con las críticas de la presidenta de la Asociación Portuguesa por la Vida, Isilda Pegado, quien afirma que el aborto clandestino se sigue realizando.
"Aquello a lo que asistimos (en 2007) fue a la liberalización del aborto. No existe ningún apoyo a la maternidad. Fue una mala decisión y hemos perdido casi 150 mil vidas", lamenta.
La norma del IVG obliga a la mujer a tener un "periodo de reflexión" mínimo de tres días entre la consulta y la interrupción del embarazo.
Esto podría ser reforzado con más acompañamiento psicológico para reducir más los abortos, según señaló en declaraciones a Efe el director de la Asociación para la Planificación de la Familia, Duarte Vilar, uno de los pocos que aún ve espacio para mejorar la ley.
En Portugal, un país tradicionalmente católico, hay 1.300 objetores de conciencia entre ginecólogos, obstetras y médicos de familia, una cifra que ha dado lugar a curiosas situaciones.
Por ejemplo, que en los municipios de Cascais, Caldas de Rainha, Évora, Guarda y Viseu, entre otros, haya varios servicios de obstetricia donde sólo hay objetores de conciencia, ante lo cual la mujer es enviada por el Estado a otros hospitales o recurre a servicios privados.
