El Gobierno pidió ayuda para hacer frente a la grave situación que vive el país en todos los ámbitos, agravada por la reaparición del cólera.
Con ello, pretenden conseguir "rápidamente un clima de seguridad que permita luchar eficazmente contra el cólera, favorecer la distribución de carburante y agua potable en todo el país".
El Gobierno de Haití pide a sus socios apoyo para el "despliegue inmediato de una fuerza armada especializada", con el objetivo de hacer frente a la grave situación que vive el país en todos los ámbitos, agravada por la reaparición del cólera.
Según publica este viernes el Diario Oficial de la República de Haití, Le Moniteur, el Consejo de Ministros autoriza al primer ministro, Ariel Henry, a "solicitar y obtener" de los socios internacionales "apoyo efectivo para el despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente, para poner fin en todo el territorio a la crisis humanitaria".
Esta situación, añade la resolución gubernamental, se debe entre otras causas a "la inseguridad resultante de las acciones delictivas de las bandas armadas y de sus patrocinadores".
Se busca así conseguir "rápidamente un clima de seguridad que permita luchar eficazmente contra el cólera, favorecer la distribución de carburante y agua potable en todo el país, el funcionamiento de los hospitales, la reanudación de las actividades económicas, la libre circulación de personas y bienes y la reapertura de las escuelas", detalla el texto.
Agrega que el Consejo de Ministros adoptó esta decisión el jueves en una sesión extraordinaria "alarmada por el riesgo de una crisis humanitaria mayor debido al brusco resurgimiento del cólera, sumado al deterioro acelerado de la situación de seguridad en todo el territorio nacional".
Además, el bloqueo de las terminales petroleras por las bandas armadas tiene "consecuencias catastróficas en el funcionamiento de los hospitales, obligados a cerrar sus puertas", y en "la disponibilidad de agua potable".
También hace referencia a la imposibilidad de que los estudiantes vuelvan a las aulas y las dificultades de aprovisionar de comida a las ciudades, en un país donde al menos un 43 por ciento de la población sufre inseguridad alimentaria.
El Consejo de Ministros considera "imperativo" reanudar la actividad para "evitar la asfixia completa de la economía" y desea que se consiga "un clima propicio para la organización de elecciones libres, transparentes e inclusivas".
Haití lleva semanas inmerso en una aguda escasez de combustibles que, además de hacer escalar los precios en el mercado negro, ha obligado al cierre o suspensión de servicios hospitalarios, bancos y todo tipo de empresas, entre ellas las potabilizadoras de agua, en un momento en que esta es necesaria para evitar la expansión del cólera.
A ello se une la violencia de las bandas armadas que se han hecho fuertes en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, causando cientos de muertos y miles de desplazados, y unas manifestaciones antigubernamentales marcadas por los saqueos, en especial tras el anuncio del Gobierno de aumentar el precio de los derivados del petróleo.
La crisis social, económica y de seguridad que sufre Haití desde hace años se vio agravada por el asesinato, en julio de 2021, del entonces presidente Jovenel Moise.
El ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean Victor Geneus, pidió en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que "se traduzca en realidad" la resolución de los estados miembro del organismo a favor del restablecimiento de la seguridad y la democracia en su país.
"La adopción de una resolución nunca es el fin en sí mismo. Son los unos y los otros los que tienen que ponerse de acuerdo para que las capacidades y los medios estén allí para que todos los deseos de este texto se traduzcan en realidad", declaró Geneus durante la cuarta sesión plenaria de la cumbre de OEA, que finalizó el viernes en Lima.
El ministro haitiano aseguró que la resolución consensuada el jueves durante el foro regional "tiene una gran importancia para Haití y para su pueblo en la medida que anuncia un compromiso claro de los estados miembro para ayudar al Gobierno de Haití y evitar la entrada en su territorio de armas y municiones para las pandillas armadas que siembran en duelo".
Durante la primera sesión plenaria de la LII Asamblea General de la OEA, los países miembros aprobaron una resolución donde expresan su preocupación por la inseguridad que se está viviendo en Haití tras el magnicidio de su presidente, Jovenel Moïse, y el paso del terremoto en 2021.
En la resolución, la OEA considera la necesidad de fortalecer el sistema judicial y la sociedad civil de Haití, luchar contra la impunidad y la corrupción y esclarecer los diversos delitos cometidos en ese país, y reafirma los principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en especial los relativos a la democracia y a la seguridad social.
Además, solicita a su Secretaría, a los estados miembros y a los observadores permanentes que estén en condiciones de hacerlo, "que ofrezcan urgentemente un apoyo directo al Gobierno de la República de Haití para mejorar la formación de los funcionarios de seguridad portuaria en la lucha contra el tráfico de armas de fuego".
También alienta a los estados miembro a que colaboren con el país para fortalecer su sistema judicial y que prohíban la transferencia de armas y municiones al país.
Igualmente, insta a la celebración de elecciones generales lo antes posible, en cuanto se den las condiciones, para que las instituciones democráticas del país sean funcionales.
