Se discute la legalidad de la controvertida norma que beneficia al primer ministro.
Su derogación puede allanar el camino para reanudar procesos judiciales.
El Tribunal Constitucional de Italia abrió este martes el debate sobre la legitimidad del "Laudo Alfano", la ley que otorga inmunidad a Silvio Berlusconi y cuya derogación puede suponer la reanudación de los procesos judiciales contra el primer ministro.
El análisis definitivo al que se somete ahora la controvertida ley de inmunidad, aprobada en 2008 por el Parlamento a iniciativa del Gobierno y de su ministro de Justicia, Angelino Alfano, empezó poco después de las 09:30 hora local (07:30 GMT) con una audiencia pública que presidían los quince magistrados que componen la Corte.
Tras comenzar la audiencia, que ha despertado un gran interés en Italia y el extranjero, el tribunal se retiró a deliberar si la Fiscalía de Milán podía constituirse como parte en el proceso, posibilidad que finalmente desestimó.
Autoridades de Milán defienden inconstitucionalidad
Las autoridades milanesas, representadas ante la Corte por Alessandro Pace, defienden la inconstitucionalidad de la ley porque, según ellas, viola la igualdad de los ciudadanos y porque se trata de una norma que no fue aprobada con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.
"Esta es una ley 'ad personam'. Hace diez años habría sido declarada inconstitucional sólo por este hecho", comentó el representante de la Fiscalía de Milán.
La defensa de Berlusconi
Poco después de decidir la no intervención de Pace, los magistrados escucharon los alegatos de los abogados del primer ministro Niccolo Ghedini y Gaetano Pecorella, acompañados en la defensa del "Laudo Alfano" por el representante de la Abogacía del Estado, Glauco Nori.
"Se ha dicho que se ha intentado condicionar a esta Corte. La Abogacía ha defendido una norma, producto legislador del Parlamento, que el Estado tiene el derecho de defender", dijo Nori ante los magistrados, cuyo dictamen será decisivo en el futuro de Berlusconi y del propio Gobierno de Italia.
El Estado basa su defensa en el hecho de que, si se derogase la ley, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones", cuando Berlusconi tiene suspendidos sus procesos por corrupción en el caso Mills y por irregularidades en la compraventa de derechos por su empresa Mediaset.
Escuchados los alegatos, el Constitucional se retiró para decidir ya a puerta cerrada el futuro de una ley que, hasta el momento, ha mantenido a Berlusconi alejado de los juzgados, todo cuando el Tribunal Civil de Milán ha condenado a su grupo Fininvest a pagar 750 millones de euros al conglomerado CIR por una corrupción de la que el mandatario fue "corresponsable".
El dictamen del Constitucional puede llegar en las próximas horas o retrasarse hasta la semana que viene, pues los magistrados parten el jueves hacia Lisboa para un congreso internacional.
