El Tribunal de Roma condenó a cadena perpetua a ocho ex militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos durante la Operación Cóndor, la represión emprendida entre las décadas de 1970 y 1980 por las dictaduras que gobernaban los países de América del Sur, impulsada por el dictador Augusto Pinochet.
Los imputados ascendían a 27 y los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
La Justicia italiana absolvió a su vez a los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay.
Tomó la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.
La Fiscalía de Roma había reclamado en octubre la cadena perpetua para todos ellos (excepto para el uruguayo Chávez), al acusarles de matar y hacer desaparecer a una veintena de italo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.
La Operación Cóndor fue ideada por el dictador Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte sobre todo de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de ese plan a finales de los años 80.