La Fiscalía la acusa de haber pagado con fondos públicos hasta 85.000 euros en comidas de lujo.
El primer ministro israelí consideró que es un caso "absurdo" basado "en un procedimiento ilegal".
Netanyahu afirmó que acusación contra su esposa "no se sostendrá".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este viernes que es un "absurdo" basado "en un procedimiento ilegal" la acusación de la Fiscalía a su esposa, Sara, por "fraude sistemático" al haber presuntamente ocultado información y pagado con fondos públicos hasta 85.000 euros en comidas de lujo.
"Esta semana se ha batido un nuevo récord del absurdo. Una acusación basada en un procedimiento ilegal que no se sostendrá", aseguró Netanyahu en su página de la red social Facebook, un día después de que se conociera la decisión de la fiscalía tras tres años de investigaciones.
La acusada gastó, según la fiscalía, 85.000 euros en tres años (2010-2013) en comidas de restaurantes gourmet que deberían haber sido pagadas con su dinero personal y no cargadas al erario público y lo hizo en connivencia con Ezra Saidof, un funcionario que falsificó documentos y ayudó a hacer ver que no había servicio de cocina disponible cuando sí lo había.
Netanyahu y Saidof son acusados de fraude, quebrantamiento de confianza y recepción fraudulenta de bienes.
Además, Saidof, ex director general de la Oficina del Primer Ministro, se enfrenta al cargo de falsedad documental por parte de funcionario público.
Hoy el jefe de Gobierno defendió, como hicieran ayer los abogados de su mujer, que la acusación se basa en una normativa irregular aprobada solo días antes de la llegada de los Netanyahu a la residencia oficial.
El equipo legal sostuvo que "no hubo fraude ni abuso de confianza ni ningún delito. La mujer del primer ministro, que no es una funcionaria pública, ni siquiera conocía los procedimientos".
Aseguró que ella no era la responsable de pedir comidas, sino su mayordomo, y que el Comité de Finanzas de la Knéset (Parlamento) había dictaminado que todos los gastos del primer ministro y su familia debían estar cubiertos por el Estado, en una política similar a la que se sigue con el presidente, indica hoy el diario "Times of Israel"
