La organización advirtió sobre "el abuso invisible de los detenidos".
Miles de ellos llevan años presos sin que se les hayan levantado cargos.
El régimen de Bachar al Asad utiliza la tortura sistemáticamente y como una política de Estado, según HRW.
El régimen sirio tiene detenidas a decenas de miles de personas, muchas de las cuales llevan largo tiempo en prisión y han sido torturadas, denunció la organización Human Rights Watch (HRW).
"Detrás de la brutalidad de los combates en Siria está el abuso invisible de los detenidos políticos, que son arrestados, torturados e incluso asesinados", apuntó el director de HRW para Medio Oriente y el norte de África, Joe Stork.
En el informe HRW recoge la historia de 21 sirios que fueron arrestados al comienzo de la revuelta en el país, que estalló en marzo de 2011 y que ha derivado en una sangrienta guerra civil que ha causado más de 100.000 muertos, según datos de la ONU.
Esa veintena de sirios ejercía su derecho a expresarse y reunirse libremente, y proporcionaba ayuda médica a los heridos en las protestas o acogía a desplazados por el conflicto, entre otras acciones, según el grupo de derechos humanos.
Para HRW, el uso sistemático de la tortura por parte del Gobierno sirio es muestra de una política de Estado responsable de crímenes contra la humanidad.
Antiguos detenidos afirmaron que las fuerzas de seguridad abusaron sexualmente de ellos, los sometieron a descargas eléctricas en los genitales o los golpearon con palos, cables u objetos metálicos.
La organización ha documentado al menos 27 lugares de detención en Siria donde los civiles son torturados.
Además, sostiene HRW, las autoridades encarcelan a los detenidos sin cargos durante meses, los maltratan y les impiden comunicarse con sus abogados y sus familias.
En uno de los casos un trabajador de la construcción, Yehia Shorbayi, que era conocido por dar flores a los agentes de seguridad en los primeros días del levantamiento, fue arrestado con otros activistas sin que su familia volviera a tener más información sobre su situación.
En julio de 2012, Siria aprobó una ley contra el terrorismo que criminaliza casi todas las formas de oposición pacífica, y la ha utilizado junto a los tribunales militares para castigar las protestas y negar a los acusados su derecho a un juicio justo, apunta Human Rights Watch.
Bajo esta norma, al menos 35.000 detenidos políticos no violentos han sido procesados, de los cuales 19.000 están a la espera de un juicio, 10.000 han sido declarados culpables y otros 6.000 liberados, explicó al grupo un abogado que sigue estos casos en Damasco.
Ante esa situación, HRW pidió la liberación de los detenidos políticos y el permiso de Damasco para que los organismos internacionales puedan acceder a los centros de detención.
También exigió a los grupos opositores que han practicado detenciones de periodistas, trabajadores humanitarios y activistas que los liberen y les traten respetando los derechos humanos.
