El juicio contra los dueños y un empleado del supermercado donde el 1 agosto de 2004 murieron centenares de clientes y 12 desaparecieron podría terminar con penas de hasta 25 años de cárcel.
Los principales acusados son Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva, y el guardia Daniel Areco, quien, según la acusación del fiscal, cuando comenzó el incendio bloqueó la salida para evitar actos de pillaje o que la gente se retirase sin pagar.
Otros cuatro miembros de la sociedad comercial que controla la cadena de supermercados Ycuá Bolaños, entre ellos la esposa del propietario, María Victoria de Paiva, también están procesados, aunque con expectativas de penas menos severas que los otros tres.
El tribunal de sentencia, integrado por María Doddy Báez, Manuel Aguirre y Rubén Ovelar, juzga a los Paiva y a Areco por homicidio doloso y lesiones graves, por lo que podrían recibir penas de hasta 25 años de prisión.
En tanto, los demás acusados están procesados por "exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos".
"El daño es irreparable, nadie nos va a devolver a nuestros familiares, pero como tributo podemos darles la justicia terrenal", dijo el coordinador de la Asociación de Víctimas, Familiares y Amigos del Ycuá Bolaños, Roberto Almirón, quien perdió a un hijo adolescente en la mayor catástrofe del país en tiempo de paz.
En la jornada inicial del juicio, el abogado de Juan Pío Paiva, Luis Escobar Faella, solicitó al tribunal de sentencia la anulación del proceso y de las acusaciones que pesan sobre su defendido, para quien solicitó la absolución.
Escobar adujo que no existen hechos que tipifiquen los delitos por los que se pretende condenar a Paiva, y también denunció que no le habían entregado a tiempo las pruebas acusatorias como estipula la ley.
Por su parte, el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, precisó que el Ministerio Público llamará a 129 testigos contra los acusados, tras lo cual afirmó que todo lo planteado por Escobar "es improcedente" y que los pedidos del abogado habían sido rechazados en las audiencias preliminares de la causa.
Debido a la magnitud del juicio, la audiencia se lleva a cabo en un recinto polideportivo de las Fuerzas Armadas, en Asunción, al que asistieron en la primera jornada 287 testigos y más de 400 víctimas y familiares de los fallecidos en el incendio, que también dejó 248 heridos.
Entre los testigos de la Fiscalía destaca el jefe de Estado, Nicanor Duarte, quien anunció que realizará su declaración el próximo día 31 de julio, en la residencia presidencial Mburuvichá Róga.
Duarte fue llamado por la Fiscalía, ya que había colaborado en el caso al hacer público que Néstor Velázquez, una de las víctimas a las que visitó después de la tragedia y que falleció el 11 de agosto de 2004 en un hospital, le aseguró que habían quedado atrapados al cerrarse la puerta principal del centro comercial, según Sánchez.
Según las pericias presentadas semanas después del incendio, todo comenzó por la obstrucción en la chimenea de la parrilla del restaurante del local, al parecer por falta de mantenimiento.
Las llamas atizadas por materiales sintéticos se propagaron con rapidez por el edificio, que estaba repleto de gente.
También fueron convocados a declarar, pero por parte de los abogados de las víctimas, el ex intendente de Asunción Martín Burt y la actual autoridad, Enrique Riera, de quienes se espera que informen acerca de si el establecimiento se adecuaba a las normas de seguridad. (EFE)
