A las calles llegó la indignación por las bajas penas que enfrentarán los responsables de la muerte de 364 paraguayos al interior de un supermercado en agosto de 2004.
La policía paraguaya informó de la detención de al menos 60 personas en los disturbios protagonizados por familiares de las víctimas del incendio de un supermercado de Asunción, disconformes con el resultado del juicio a sus dueños.
Además de los detenidos, 49 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la policía, que se prolongaron hasta entrada la noche del martes y que comenzaron en un polideportivo militar de Asunción en el que el tribunal dictaba sentencia en el juicio por el incendio ocurrido el 1 de agosto de 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños.
En esa tragedia, la peor de la historia de este país, perdieron la vida 364 personas y centenares resultaron heridas.
Entre los lesionados en los choques, además de policías, figura Roberto Almirón, quien fue intervenido de una herida de bala en el estómago.
Luego de conocer el fallo que declaró culpable al propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, a su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco del delito de "homicidio culposo", castigado con sólo un máximo de cinco años de cárcel, los manifestantes se trasladaron hasta una sucursal de la sociedad comercial del Ycuá Bolaños y la saquearon.
Ante la magnitud de los desórdenes, el presidente paraguayo, Nicanor Duarte, quien también declaró como testigo en ese juicio, pidió la calma a los manifestantes, que se enfrentaron a los agentes provistos de piedras y palos.
Pese a que la Fiscalía solicitó durante el proceso, iniciado el 24 de julio pasado, una condena por "homicidio doloso", que conlleva la pena máxima de 25 años, los jueces María Doddy Báez, Manuel Aguirre y Elio Ovelar, con el voto de disidencia de la primera, decretaron la tipificación más leve establecida.
Al respecto, el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, dijo que pidió la recusación de los tres magistrados, a quienes el agente del Ministerio Público calificó como sospechosos de corrupción y los responsabilizó de los disturbios.
En el juicio, la Fiscalía había atribuido la alta mortandad en el incendio al hecho de que las puertas del local estaban bloqueadas en el momento del siniestro, presuntamente porque los Paíva habían dado la orden de hacerlo para evitar actos de saqueo o que la gente se retirase sin pagar.
Según el peritaje oficial, realizado con la ayuda de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) de Estados Unidos, el siniestro se debió a la obstrucción de la parrilla de la chimenea del restaurante, al parecer, por falta de mantenimiento.
El fuego, atizado por el material sintético del interior del edificio, se propagó rápidamente a otras áreas, lo que convirtió en un verdadero infierno para las aproximadamente mil personas que almorzaban y hacían compras allí, de acuerdo a mismo informe. (EFE)
