Las bajas penas en contra de los responsables de la tragedia, las que no superan los cinco años, provocaron la reacción de los familiares de las víctimas, quienes aseguraron que harán "justicia por manos propias".
Las víctimas del incendio de un supermercado en Asunción ocurrido el 1 de agosto de 2004, y familiares de quienes fallecieron en el siniestro, reaccionaron airadamente al escuchar las penas que dictó el tribunal en contra de los responsables de la tragedia.
Juan Pío Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva y al guardia Daniel Areco resultaron culpables del delito de "homicidio culposo", castigado con una pena de hasta cinco años de cárcel, por la muerte de 364 personas en el incendio, donde otras cientas resultaron heridas.
La Fiscalía había solicitado una condena por "homicidio doloso", con penas de hasta 25 años, la máxima de la legislación paraguaya, al argumentar que las puertas del local fueron cerradas cuando comenzó el fuego para evitar actos de vandalismo o que los clientes se retirasen sin pagar.
La decisión el tribunal provocó que decenas de víctimas y familiares rompieran el cordón de seguridad, tras lo cual arrojaron muebles, extintores y todo tipo de objetos contra los policías que resguardaban el polideportivo de la unidad militar donde se celebró el juicio.
Otros cuatro socios comerciales del supermercado Ycuá Bolaños también están procesados por el delito de "exposición de personas a lugar de trabajo peligroso", pero los incidentes impidieron que el tribunal anunciara el fallo sobre estos acusados.
Justicia a manos propias
A los gritos de "asesinos, asesinos", las víctimas de la peor tragedia civil de la historia de Paraguay amenazaron con "hacer justicia por manos propias" y acusaron a los miembros del tribunal de haber sido sobornados por los acusados.
"Nos advirtieron siempre de que íbamos a perder por dos a uno", afirmó el médico Roberto Almirón, de una de las organizaciones de víctimas y familiares, quien perdió a un hijo adolescente en el incendio.
Los acusados fueron retirados del lugar en medio de una fuerte custodia policial, mientras que la presidenta del tribunal, María Doddy Báez, anunció que la audiencia proseguirá, probablemente, a puerta cerrada en los próximos días. (EFE)
