La policía paraguaya detuvo este sábado a uno de los 75 presos del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) fugados hace seis días de una cárcel del noreste del país, con lo que el número de recapturados asciende a diez.
Se trata de Francisco Javier Peralta Esquivel, paraguayo, de 29 años, que fue capturado en una vivienda del barrio Guaraní de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en la que se encuentra la penitencia regional de donde escaparon los reos a través de un túnel.
Peralta, que cumplía condena por robo agravado y lesión grave, fue detenido durante un allanamiento llevado a cabo por agentes de varios departamentos de la Policía Nacional junto con los fiscales Osmar Legal y Juan Olmedo, informó la Fiscalía en un comunicado.
Las operaciones de búsqueda en la zona de Pedro Juan Caballero, capital de departamento de Amambay y separada por una avenida de la ciudad de Ponta Porá, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, se realizan tras detectarse el hecho y continuaban la tarde del sábado, agregó la fuente.
Al día siguiente de la fuga fueron aprehendidos tres reclusos, el martes otros tres, el miércoles dos mientras que uno se entregó, con lo que totalizan diez el número de recapturados.
"Error de Inteligencia" y funcionarios penitenciarios detenidos
El Gobierno paraguayo ha reconocido que hubo "un error de apreciación por parte del sistema de Inteligencia", lo que favoreció la salida de los 75 hombres del penal de Pedro Juan Caballero.
La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, informó también que el caso se está investigando bajo el tipo penal de liberación de presos, lo que implicaría participación de los responsables del penal.
En este sentido, 32 funcionarios penitenciarios de ese centro de reclusión, entre ellos el director y el jefe de personal, fueron detenidos e imputados por los delitos de liberación de presos, frustración de la ejecución penal y asociación criminal.
La huida de los presos del PCC también ha puesto en cuestión la eficacia de la Ley de Emergencia Penitenciaria, promulgada por el presidente Mario Abdo Benítez el pasado septiembre para permitir la presencia de personal militar y policial en el perímetro de los penales.
