La Corte Suprema aprobó una solicitud para ampliar los delitos por los que fue extraditado, desde nuestro país a Perú, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en septiembre de 2007, según lo que informó este jueves la Procuraduría General de Perú.
La decisión fue tomada el pasado 19 de enero en ocho causas solicitadas por la Justicia peruana por los delitos de suministro ilegal de armas de fuego, asociación ilícita, falsedad genérica, conspiración y otros.
Aunque la Procuraduría no detalló los casos que implican la comisión de esos delitos, señaló que su pedido fue aceptado al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y lo dispuesto en el Tratado de Extradición entre ambas naciones.
Por lo tanto, esta sería la segunda vez que la Corte Suprema amplía la extradición de Fujimori; la primera fue en junio de 2017, por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en 1992, en el llamado caso Pativilca.
CASOS PENDIENTES
Medios locales señalan que entre los casos por los que aún se busca procesar al expresidente peruano figuran la venta ilegal de armas a la hoy desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 1999.
Además, indicaron presuntas ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, en 1992, y tras el rescate en la residencia del embajador japonés en Lima, en 1997.
Asimismo, las presuntas esterilizaciones forzadas durante su gobierno y el secuestro y homicidio de seis miembros de la familia Ventocilla, cometido en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
La Corte Suprema de Chile ya amplió en junio de 2017 la extradición de Fujimori para que sea investigado en Perú por los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita por el asesinato de seis campesinos en 1992, en el llamado caso Pativilca.
ACTUALMENTE EN LIBERTAD
Fujimori -que hoy está siendo procesado por el caso Pativilca- salió en libertad en diciembre del año pasado luego de que el Tribunal Constitucional (TC) peruano restituyera el indulto humanitario que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kucyznski.
El exgobernante, de 85 años, estaba cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidos en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
También fue condenado por diversos delitos de corrupción en otros cuatro casos, con penas que variaron entre 6 y 8 años de cárcel, que ya cumplió.
