Magistrado incautó tres millones de dólares que se iban a usar en la pesquisa de los delitos del ex mandatario, para garantizar una indemnización contra un ex funcionario del Ejército.
Un juez peruano embargó tres millones de dólares que la Procuraduría limeña iba a utilizar para el proceso de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, confirmó el abogado especial para casos de corrupción, Antonio Maldonado.
El jurista fiscal explicó que el dinero requisado pertenece al Fondo Especial de Administración del Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado (Fedadoi), que proviene de fondos de cuentas bancarias repatriadas desde el extranjero a socios del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Maldonado agregó que el riesgo que ahora se corre es que no exista forma de pagar a abogados que trabajarían en lograr la extradición de Fujimori desde Japón, país donde se refugió hace cinco años tras renunciar a la primera magistratura, a raíz de un escándalo de corrupción.
El ex mandatario (1990-2000) tiene 22 procesos penales abiertos en Perú, por delitos de lesa humanidad y corrupción, pero sólo dos casos derivaron en solicitudes de extradición, que no han sido respondidas por Japón por presuntas faltas de pruebas.
Asimismo, el procurador Maldonado dijo que tampoco se podrá contratar a una empresa para hacer el seguimiento de cuentas bancarias de Fujimori en el extranjero, dado que la primera firma contratada, Kroll, aparentemente no encontró ninguna.
El juez peruano José Manuel González embargó los citados fondos para pagar una indemnización al ex operador de seguros del Ejército de Perú Gustavo Cesti, a raíz de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 1999.
Cesti ganó ante este tribunal internacional una demanda contra el Estado por haber sido irregularmente procesado por la justicia militar en la década pasada.
Sin embargo, el ministro de Justicia, Eduardo Salhuana, informó que interpuso una medida cautelar para proteger el uso de esos fondos, recuperados de la mafia encabezada por Montesinos.
"Esperamos que en las siguientes semanas el Poder Judicial revoque esta decisión porque afectaría no sólo el tema anticorrupción, sino también la reparación de víctimas, indemnización a familiares o deudos de agraviados por actos de corrupción", declaró Salhuana.
Maldonado precisó que, después del embargo judicial, sólo quedaría un saldo de 835 dólares para financiar todo el sistema anticorrupción peruano. (EFE)
