Un juzgado peruano rechazó este miércoles el arresto domiciliario solicitado en contra del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y, en su lugar, le impuso nueve meses de impedimento de salida del país, mientras es procesado por la matanza de seis personas en Pativilca en 1992.
El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio declaró infundada la petición de variar el mandato de comparecencia simple, y además del arraigo nacional, ordenó cursar oficios a las autoridades competentes, bajo responsabilidad.
La resolución del juzgado rechazó el argumento de la fiscalía de que el exmandatario, al ser excarcelado en diciembre pasado por orden del Tribunal Constitucional, no tiene "ninguna medida coercitiva" que pueda evitar su fuga.
El último martes, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad formalizó su petición para que se ordenase la detención domiciliaria durante 18 meses de Fujimori, la que el exmandatario rechazó por considerar que vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
La audiencia de variación de comparecencia simple a detención domiciliaria en el proceso que se sigue por el asesinato en 1992 de seis personas en la localidad de Pativilca, a manos del grupo militar encubierto Colina, fue realizada por el juez Littman Ramírez.
Dado que Fujimori tiene 85 años, la fiscalía consideró que lo más "acorde con la situación" es su detención domiciliaria para evitar "el peligro de fuga", porque no existe información sobre el arraigo domiciliario, laboral ni la titularidad de bienes del acusado.
Por este caso, el exasesor Vladimiro Montesinos, quien fuera el "hombre fuerte" del gobierno de Fujimori, aceptó la acusación por los delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, y fue sentenciado este miércoles a 19 años y 8 meses, una sentencia que ya está cumplida en sus 22 años de cárcel, precisó la magistrada Miluska Cano.
La Justicia sigue este proceso contra Fujimori, Montesinos, el exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos y el exgeneral Luis Pérez Documet, además de los miembros del grupo Colina.
DEFENSA INSISTIÓ EN SU ARRAIGO DOMICILIARIO
Durante la audiencia, el abogado del exmandatario, Elio Riera, pidió la improcedencia del pedido fiscal y aseguró que su defendido sí tiene arraigo domiciliario en casa de su hija Keiko Fujimori.
En su intervención de manera telemática, Fujimori afirmó que una detención domiciliaria sería para él "más que una prisión preventiva", y sostuvo que aunque su salud se mantiene estable, está "calificado como paciente de alto riesgo", además de que no ha hecho "un solo trámite para obtener un pasaporte".
"Le aseguro que yo renuncio a la obtención de este pasaporte mediante este escrito y cualquier otro procedimiento", señaló al juez antes de pedir que se establezca "algún procedimiento" para que no se permita su salida del país con el DNI.
También ratificó que vive en la casa de su hija Keiko, que tiene ingresos como jubilado y por los honorarios de la publicación de sus memorias, y que no posee "un solo inmueble" a su nombre.
