Los líderes indígenas de siete comunidades nativas de la Amazonía peruana denunciaron, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la inacción del Estado peruano, a pesar de los asesinatos y amenazas sufridos, hasta en plena pandemia, de parte de mafias de taladores y narcotraficantes.
En una audiencia virtual dirigida por la comisionada Antonia Urrejola, los dirigentes nativos exigieron una acción firme del Estado después del asesinato de 11 de sus líderes en los últimos años, cinco de los cuales fueron expuestos en la jornada pues fueron victimados a pesar de haber solicitado garantías para sus vidas.
El presidente de la filial en Ucayali de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Berlín Diques, quien sufrió una amenaza este mes dijo que las comunidades indígenas en la selva chocan con los "grandes intereses económicos", pues "el mundo occidental ve en nuestro territorio el lucro, la ganancia y los millones (de dinero)".
AMENAZAS DE MUERTE
"Hace tres días tuvimos un atentado contra el personal administrativo de nuestra entidad, luego aparece una carta amenazante contra mí", relató Diques.
"Las comunidades no podemos continuar viviendo en completa zozobra, no podemos seguir siendo asesinados", afirmó Diques al explicar que sufren una "vulneración sistemática" de sus derechos para forzarlos a abandonar sus tierras.
"Exigimos, ante la Comisión Interamericana y el Estado peruano, una pronta solución real y definitiva, que se respeten nuestros derechos, nosotros seguiremos luchando por nuestros pueblos", expresó.
El dirigente mencionó que, en el caso del líder Arbildo Meléndez asesinado en abril pasado, el "Estado demuestra su insensibilidad" porque su viuda e hijos están abandonados, sin haber recibido ninguna ayuda estatal.
"Hacemos el llamado a la CIDH para que tome acciones y jale de orejas al gobierno de (el presidente Martín) Vizcarra y tome acciones a favor de los pueblos indígenas", manifestó Diques.
MAFIAS MADERERAS PRESUNTAS RESPONSABLES
Por su parte, la representante asháninka Diana Ríos, de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, recordó que viene exigiendo justicia desde 2014 en que su padre y otros tres dirigentes fueron asesinados por presuntas mafias madereras, después de pasar gran parte de su vida luchando por sus derechos sobre el territorio.
"En 2014 denunciaron a empresas madereras por destruir nuestros bosques y atentar contra nuestras vidas, pero fue en vano, porque mi padre y otros tres líderes fueron asesinados brutalmente", expresó Ríos.
"Sólo veo corrupción que impide el avance de la investigación, aún no se sanciona a los responsables. El Estado siempre ha favorecido a las empresas y a las mafias", denunció.
COMUNIDADES SIN TÍTULOS DE PROPIEDAD
De la comunidad Nuevo Amanecer Hawai, Maribel Casancho, denunció el asesinato de su esposo Gonzalo Pío y otro familiar, que denunciaron a una empresa maderera que los retiró de su territorio en 2008, cuando se encontraban en pleno proceso para recibir los titulos de reconocimiento de sus tierras.
"Nos golpearon, nos secuestraron, me desfiguraron y creyeron que estaba muerta, de milagro estoy con ustedes hablando, ahora soy padre y madre para mis hijos", denunció Casancho al recordar el ataque sufrido en mayo pasado.
Se quejó de que las garantías ofrecidas por el Estado se quedan en papeles, "pero en la práctica no lo tengo, me persiguen, ¿qué va a ser de mí saliendo de esta audiencia?, queremos que el Estado actúe".
ATAQUES NO CESAN EN PANDEMIA
A su vez, el presidente de la comunidad Unipacuyacu, Jesús Cahuaza, expresó que "el Estado incentiva la titulación individual y no la comunal, favoreciendo a los traficantes" que, en su opinión, son los responsables del asesinato y ataques a seis dirigentes desde el 2013, entre ellos a su antecesor Arbildo Meléndez en abril último.
Por su parte, Efer Silvano, líder de la comunidad Santa Clara de Uchunya, afirmó que "en agosto y septiembre, los invasores han seguido entrando a la comunidad" y que por este motivo están obligados "a buscar (protección) afuera de nuestro país porque aquí nadie nos hace caso".
La representación del Estado peruano recayó en el director de derechos humanos de la cancillería, Gonzalo Guillén, quien transmitió el pesar del gobierno por la muerte de los líderes indígenas y mostró una voluntad de diálogo.
ACCIONES DE PROTECCIÓN
La situación de Diques "es preocupante", afirmó Guillén, y agregó que se han otorgado garantías para Jamer López, el asistente amenazado, y se está custodiando el local de Aidesep en Ucayali.
"Nuestro interés es que estas políticas públicas sean efectivas, es obligación del Estado peruano", dijo Guillén, en referencia al plan nacional de derechos humanos y la alerta de amenazas.
A su vez, la representante del ministerio de Cultura, Lita Huamán, informó que este despacho atendió los casos de las víctimas de Saweto y Santa Clara de Uchunya, haciendo un seguimiento a las investigaciones de la fiscalía, y que en el caso del asesinato de Arbildo Meléndez ofreció apoyo a su familia.
La exhortación de la CIDH, en palabras de su comisionado Stuardo Ralón, fue que este encuentro virtual se convierta en un canal que ayude a transmitir con mayor calma y claridad las preocupaciones de las organizaciones nativas, que no han encontrado respuesta hasta el momento a la crítica situación que atraviesan.
