El ex presidente peruano Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el Congreso de Perú, por haberse vacunado el año pasado en secreto contra el Covid-19.
La decisión la tomó el pleno del Legislativo tras someter a Vizcarra a un juicio político, que se resolvió por 86 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones.
Esta decisión impedirá, en principio, que Vizcarra sea parte del Congreso que se instalará este 28 de julio para el período 2021-2026, a pesar de que fue el candidato más votado en las elecciones del pasado domingo, con cerca de 164.000 sufragios.
El Congreso también inhabilitó durante 8 años a la ex ministra de Salud Pilar Mazzetti, con 83 votos a favor, y por un año a la ex canciller Elizabeth Astete, con 82 votos a favor.
Vizcarra, Mazzetti y Astete fueron sometidos al juicio político en el marco del caso "Vacunagate", como se denomina a la inmunización en secreto de, al menos, cien personas que no estaban vinculadas al ensayo clínico que hizo el año pasado el laboratorio chino Sinopharm en el país.
En el caso de Vizcarra, la acusación sostuvo que mintió al asegurar que fue voluntario del ensayo y cometió infracciones constitucionales cuando era el funcionario de mayor rango al servicio de la Nación.
Durante el debate del pedido de inhabilitación, que se centró en Vizcarra, la mayoría de los congresistas acusaron al ex gobernante de corrupto y también lo responsabilizaron por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en su país, que actualmente reporta cerca de 1,7 millones de casos y más de 56.400 fallecidos.
Ni Vizcarra ni su abogado acudieron este viernes a la sesión del Congreso, aunque el ex gobernante denunció en sus redes sociales que el pleno estaba incurriendo en el delito de abuso de autoridad y aseguró que este se cometió al continuar con la sesión de inhabilitación sin permitirle ejercer su derecho a la defensa y violando el debido proceso, ya que él no estuvo presente.
El ex mandatario, quien defiende su derecho constitucional a ser elegido, ya presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial de su país y también una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).