Los trabajadores sanitarios y los profesores del Reino Unido están obligados a denunciar los casos de mutilación genital femenina de los que tengan conocimiento, bajo la amenaza de afrontar sanciones laborales que pueden llegar al despido.
La norma se aplicará a médicos, enfermeros, matronas y profesores en Inglaterra y Gales que traten con niñas menores de 18 años.
El gobierno británico calcula que cerca de 137.000 mujeres han sufrido esa práctica, declarada ilegal en el Reino Unido desde 1985 y que el ejecutivo se ha propuesto erradicar "durante esta generación".
"Los profesionales de la salud están en la primera línea de la lucha contra la mutilación genital femenina y este nuevo deber es el siguiente paso en esa batalla", afirmó la secretaria de estado de sanidad, Jane Ellison.
"Estamos suministrando a los empleados del sistema público de herramientas para reforzar la respuesta ante niñas que estén en riesgo de sufrir esa práctica y protegerlas mejor", afirmó.
La directora de enfermería de la sanidad pública inglesa (NHS England), Hilary Garratt, afirmó por su parte que los trabajadores deben "contribuir a acabar con la mutilación genital femenina y asegurarse de que las mujeres y niñas que han sido víctimas de esa práctica reciben el tratamiento y apoyo adecuados".
En Escocia e Irlanda del Norte no es una obligación legal denunciar a la policía casos de ablación o mutilación.