La nueva legislación -que debe ser refrendada por el Senado- posibilita el ataque a aeronaves, barcos o vehículos que sirvan de instrumento para llevar a cabo atentados terroristas.
La Duma o Cámara Baja del Parlamento de Rusia aprobó la ley antiterrorista que permite derribar aviones con pasajeros secuestrados para cometer atentados terroristas y que limita algunos derechos de la población.
El acta legislativa establece que el Ejército puede atacar aviones, hundir barcos o destruir vehículos con civiles que sirvan de instrumento para llevar a cabo atentados terroristas en caso de que no respondan a órdenes dadas por radio o las incumplan.
La orden de destruir medios de transporte con civiles se podrá en marcha de forma escalonada y cuando no queden dudas de que la intención de los terroristas sea utilizar a los rehenes para atacar instalaciones vitales o lugares de concentración masiva de personas.
Hasta ahora, los militares únicamente podían derribar aviones y artefactos militares extranjeros o desconocidos que violaran el espacio aéreo ruso y en caso de que a bordo no hubiera rehenes.
Según la nueva ley rusa, la orden de emplear el Ejército para atacar bases terroristas en territorio extranjero es prerrogativa del Jefe de Estado, quien sólo informa al Consejo de la Federación o Senado sobre el país, los plazos y el número de tropas rusas que participarán en la operación.
La ley define el terrorismo como "ideología de la violencia" y establece los regímenes de "estado de excepción" y "operación antiterrorista" en los que las fuerzas del orden pueden ignorar algunos de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Bajo ambos regímenes se reforzará la revisión de documentos, y las autoridades podrán limitar el desplazamiento de las personas y el transporte y prohibir las actividades públicas masivas, como espectáculos y manifestaciones políticas.
Los servicios secretos podrán escuchar las llamadas telefónicas y controlar otros medios de comunicación electrónica en las zonas donde se efectúen las operaciones antiterroristas, así como acceder libremente en las viviendas, locales y terrenos privados.
Además, las autoridades pueden suspender el funcionamiento de instalaciones dedicadas a la producción de materiales peligrosos, como explosivos, substancias químicas, bacteriológicas y radiactivas, en las zonas de operaciones antiterroristas.
Para intentar salvar las vidas de los rehenes, la ley permite llevar a cabo conversaciones con los terroristas, pero prohíbe terminantemente negociar sus "demandas políticas".
Tras ser apoyada por la Duma, la ley pasará al Senado para su aprobación, previsiblemente el próximo 1 de marzo, y finalmente entrará en vigor tras su promulgación por el presidente Putin.
La entrada en vigor de esa ley hará eficaz un decreto por el que Putin creó el mes pasado el Comité Nacional Antiterrorista, que será encabezado por el director del Servicio Federal de Seguridad (FSB, ex KGB), Nikolái Pátrushev.
El documento firmado por el jefe del Estado, "Medidas para contrarrestar el terrorismo", incluye la creación de "comisiones antiterroristas" en las 88 entidades de la Federación Rusa.
Según el decreto presidencial, las comisiones antiterroristas tendrán como tarea coordinar el trabajo de los órganos federales con el ejecutivo de las entidades federadas en la prevención del terrorismo y la lucha contra sus manifestaciones.
El decreto establece asimismo la creación de un "estado mayor operativo federal" para planificar el uso de la fuerza y de los recursos en la lucha contra el terrorismo, así como para dirigir las operaciones antiterroristas. (EFE)
