La continuidad de Jacob Zuma como presidente de Sudáfrica continúa hoy en la cuerda floja, acosado por los escándalos de corrupción y convertido en un peso muerto para su partido, el Congreso Nacional Africano (CNA), que busca pactar su dimisión voluntaria para no arriesgarse a una fractura interna.
"Si el presidente no quiere renunciar voluntariamente, nosotros le retiraremos", afirmó Paul Mashatile, tesorero y uno de los seis miembros del Comité Ejecutivo Nacional del partido (su máximo órgano de decisión), en la grabación de una conversación privada con inversores que hoy fue difundida por los medios locales, avivando aún más las especulaciones de una inminente salida.
La filtración, en la que Mashatile avanza incluso que el proceso se concretará en un plazo de una semana, confirma lo que se rumorea que ocurre a puerta cerrada en el CNA: Zuma no tiene el apoyo de la ejecutiva del partido y, por tanto, tiene escaso margen de maniobra.
Cada día, su destino parece más reducido a dimitir o a arriesgarse a una salida por la fuerza, vía moción de censura o por destitución en el Parlamento (de mayoría oficialista).
La renuncia pactada es la opción preferida por el favorito a sucederle y principal artífice de la maniobra, el vicepresidente Cyril Ramaphosa, quien hoy se reunió de forma privada con los miembros del grupo parlamentario oficialista.
La presión sobre Zuma
Las etiquetas de corrupta e ineficiente de la Administración de Zuma no solo han minado la credibilidad del Gobierno sino también la reputación del antiguo movimiento de liberación, que ya mira a los comicios de 2019.
La presión sobre Zuma crece desde enero, cuando la nueva ejecutiva del CNA admitió que la continuidad del presidente estaba sobre la mesa.
También entra en juego la capacidad de Zuma, como presidente, de comprometerse a proyectos de dudosa viabilidad financiera sin consultar al partido, como la promesa que hizo en diciembre de dar educación superior gratuita para las clases populares.
Las negociaciones entre Zuma y Ramaphosa se basan ahora, a juicio de los analistas, en el manejo de las numerosas investigaciones de corrupción que pesan contra el todavía presidente, en un país en el que las leyes no permiten garantizar directamente la inmunidad.