Diputado Julio Bango pretende que la ley esté lista en seis meses.
El Frente Amplio cuenta con los votos para visar la iniciativa.
El gobierno de Mujica presentó un proyecto para despenalizar el uso de cannabis.
El izquierdista Frente Amplio (FA), en el poder en Uruguay desde 2005, pretende que éste sea el último año en el que la marihuana sea ilegal en el país y confía en que para ese entonces ya esté aprobado el proyecto impulsado por el Gobierno que regulará su compraventa, apuntaron diputados oficialistas.
La idea lanzada a mediados del año pasado por el presidente José Mujica y su Gobierno de legalizar la marihuana y hacer del Estado el único responsable de su producción y distribución con el fin de combatir el narcotráfico está siendo procesada por el Parlamento, donde se espera que la ley esté lista antes "de seis meses".
Según dijo a EFE el diputado Julio Bango, uno de los impulsores de la medida, en estos momentos el proyecto está entrando en la comisión especial de la Cámara Baja que tratará el asunto y que comenzará a trabajar en los próximos días.
"De momento hay tres focos de trabajo: la comisión, donde recibiremos a delegaciones de todo tipo para tratar de entender y ver todos los ángulos y los impactos que tendrá el proyecto, en el seno del FA, donde tenemos un proceso de diálogo para convencer a los diputados que tienen dudas, y con la oposición, donde creemos que hay votos que se pueden conseguir para su aprobación", explicó el diputado.
El FA cuenta con mayoría en ambas cámaras del Parlamento uruguayo, si bien algunos de sus diputados se han mostrado reacios a aprobar el proyecto tal y como estaba planteado en un principio.
Por el contrario, varios diputados de los opositores Partido Colorado, Nacional e Independiente han expresado en numerosas ocasiones su intención de votar proyectos liberalizadores de la marihuana, pero que no coincidían con los planteados por el oficialismo.
Bango destacó que todos los esfuerzos se centran en aprobar la iniciativa antes de fin de año para tratar de evitar el año electoral y que se "desvirtúe" la discusión por la legalización con otros temas políticos.
Bango explicó que el "corazón" de la iniciativa no pasa tanto por "la polémica" de si el Estado será el productor y vendedor de la marihuana sino por que sean las autoridades las que "tengan el monopolio del control y regulación de la cadena" y puedan regular su uso.
"La lógica que prevé la Ley es atender a un sistema de licencias y permisos que se otorgarían a quienes implementarán las políticas y establecer también alguna excepción de consumo, que permita por ejemplo el autocultivo", añadió.
