Médicos de Salto no quisieron atender a una joven que les pidió abortar.
En el país el Parlamento aprobó una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12.
"Estamos estudiando la posibilidad de hacer una denuncia civil o penal", advirtieron en la organización Cotidiano Mujer.
La negativa de los médicos de la ciudad de Salto, a unos 500 kilómetros al noroeste de Montevideo, a atender a una menor con discapacidad mental que quedó embarazada por una violación y que les pidió abortar ha desatado una fuerte polémica en Uruguay.
La organización Cotidiano Mujer emitió un comunicado en el que "repudió" un suceso que calificó de "hecho lamentable" y pidió a las autoridades realizar "la investigación pertinente, sin perjuicio de otras acciones judiciales que se justifiquen".
"Estamos estudiando la posibilidad de hacer una denuncia civil o penal, no lo hemos decidido todavía", agregó Lilian Celiberti, coordinadora de la entidad, respaldada por ONU Mujeres.
En octubre de 2012, Uruguay aprobó en el Parlamento una ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación por la sola decisión de la mujer, es decir, en cualquier supuesto, siempre que se realice bajo la supervisión del Estado.
La difusión de la postura de Cotidiano Mujer se produce después de que el subsecretario de Salud, Leonel Briozzo, definiera el caso de Salto como "muy preocupante" y advirtiera con tomar medidas.
"No puede pasar que se interrumpa la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes en un caso tan dramático como este en el que había una violación de por medio, situación prevista en el marco normativo anterior", indicó esta semana Briozzo.
La legislación previa a 2012 sobre estos supuestos, que data de 1938, ya permitía la interrupción del embarazo si había sido producto de un abuso sexual, recordó a su vez Celiberti.
