El ex colaborador del Presidente Salvador Allende dijo que respeta el desafuero de Augusto Pinochet, el cual analiza para determinar su relevancia en el proceso que él sigue contra el ex dictador en España.
"Los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, y no pueden ser objeto de ningún decreto de amnistía", sentenció el abogado hispano Joan Garcés, al comentar el desafuero del retirado general Augusto Pinochet, determinado el pasado jueves por la Corte Suprema. El jurista manifestó su deseo de que, en el corto plazo, la Justicia de Chile actualice su postura frente a las violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a los convenios internacionales.
"Esperamos que, más pronto que tarde como dicen en Chile, los Tribunales de Santiago, en particular la Corte Suprema, ajustará su doctrina al derecho internacional, y sumará su voz, su jurisprudencia a los tribunales de Estados Unidos, por ejemplo", afirmó desde Madrid.
En conversación con El Diario De Cooperativa, el ex asesor de Salvador Allende recordó que una iniciativa legal como el decreto ley de Amnistía de 1978 –dictado por el propio Pinochet– "no es reconocida" por la comunidad internacional.
Consultado por la posibilidad de que nuevamente el ex gobernante de facto sea eximido de responsabilidad debido a razones de salud, Joan Garcés subrayó que la condición médica de Pinochet "debe ser discutida" por expertos.
El letrado recordó que en enero de 2001, los tribunales británicos consultaron a tres académicos de la Universidad de París, tres de la Universidad Bruselas y a ocho profesionales españoles independientes sobre el estado de salud del ex dictador, detenido en Londres en esa fecha.
"Y los 12 eminentes médicos, por unanimidad, cosa que es rara en medicina, diagnosticaron que el general Pinochet estaba en perfectas condiciones de comparecer en juicio, añadiendo obviamente que, teniendo en cuenta su edad, debía ser objeto de atenciones determinadas", sentenció a Radio Cooperativa.
Respecto de las cuentas secretas que mantuvo Pinochet en el Banco Riggs de EE.UU., Joan Garcés comentó que, de acuerdo a la acción legal que presentó la Fundación Salvador Allende de Madrid ante la Audiencia Nacional, se determinó, en octubre de 1998, "el embargo de todos los bienes de Pinochet, estuvieran a su nombre o al de sus hijos o al de terceras personas".
Esto, detalló, porque Pinochet, "al frente de una banda criminal, asumió el poder y lo ejerció con métodos de terror, cometiendo crímenes para sostenerse en el poder", lo que redunda en que toda la fortuna que pudo haber acumulado durante su mandato "está derivada del crimen y del comportamiento criminal cometido durante el ejercicio ilegal del poder".
El abogado Joan Garcés afirmó que "en primer lugar, debo respetar la resolución del tribunal chileno, como no podía ser de otra forma", pero destacó que está estudiando las "consecuencias respecto del procedimiento iniciado en España en 1996" del desafuero determinado el pasado martes por la Corte Suprema.
En España, explicó, "el general (Augusto Pinochet) está declarado reo desde diciembre de 1998, por el asesinato y desaparición de más de 4.000 personas, la tortura sistemática del equivalente al 10 por ciento de la población adulta de Chile".
La resolución de la Suprema –agregó– se refiere a 19 víctimas de la "Operación Cóndor", pero "en el caso español" su responsabilidad es por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, en Argentina; por el atentado contra Bernardo Leighton, en Italia; por la muerte de Orlando Letelier, registrada en EE.UU.; así como por numerosos crímenes en América del Sur y por su participación "en la muerte violenta del Presidente de la República de Chile en 1973".
"Todos estos crímenes, y en particular me refiero al de torturas, por ejemplo, Pinochet está declarado reo por responsabilidades en las torturas del general Alberto Bachelet, de la Fuerza Aérea (de Chile); del almirante Sergio Poblete, de la Marina; y a su vez de las responsabilidades en la muerte de algunos generales, que participaron por cierto en el golpe de Estado", indicó.
Por ello, Garcés destacó que "el procesamiento español no distingue entre víctimas de derecha y de izquierda, sino que está basado en el principio fundamental del derecho a la vida y a la libertad de las personas, cualquiera que sea su ideología".
"Todos estos crímenes, naturalmente, en Chile siguen impunes, por consiguiente el procesamiento español sigue vigente, la orden internacional de detención sigue vigente y en el supuesto caso que el general Pinochet, o alguno de sus colaboradores, como el general (Herman) Brady (...) abandonen el territorio de Chile y transpongan sus fronteras, serán obviamente detenidos", concluyó el abogado español.
