La sala penal de la Corte Suprema dejó para la primera semana de enero de 2005 la divulgación del fallo sobre el recurso del encausado ex dictador.
Sólo durante los primeros días de enero del próximo año la sala penal de la Corte Suprema dará a conocer su dictamen sobre el recurso de amparo de Augusto Pinochet Ugarte contra el encausamiento y arresto domiciliario que resolvió en su contra el juez Juan Guzmán, en calidad de autor de nueve secuestros y un homicidio en la denominada "Operación Cóndor".
Los ministros Alberto Chaigneau –presidente de la sala– y Nibaldo Segura solicitaron permiso durante esta semana, por lo que el titular subrogante de la instancia, Enrique Cury, informó que el acuerdo y la resolución firmada será dada a conocer la próxima semana, aunque no especificó un día.
"A mí me parece que, efectivamente, va a quedar para la próxima semana", afirmó Cury, quien añadió que calculaba que la determinación será hecha pública "los primeros días de la semana próxima".
Sin embargo, fuentes judiciales señalaron que el fallo aún no está listo, pues los ministros no han logrado un acuerdo sobre si acogen o rechazan el amparo.
Además de estos tres jueces, la segunda sala de la Corte Suprema está integrada por Milton Juica y Jaime Rodríguez Espoz.
"Claro, no deja de ser inquietante el que atrase un recurso que por su naturaleza debe resolverse rápidamente ... no es lo mejor, no es el escenario más óptimo, hubiéramos deseado que esto ya estuviera resuelto para la tranquilidad de todos, pero seguiremos esperando, con la misma confianza", comentó el querellante Eduardo Contreras.
Juan Guzmán dictó el sometimiento a proceso el pasado 13 de diciembre, y sólo siete días más tarde la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la determinación del magistrado, quien ya había encausado a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte por el caso "Caravana de la muerte", en 2000, del que finalmente el ex dictador fue eximido por razones de salud.
El ex comandante en jefe del Ejército es sindicado como autor de los 10 crímenes, cometidos por agentes del Estado en la denominada "Operación Cóndor", el plan de coordinación de las dictaduras militares de América del Sur durante la década de 1970 para reprimir a los militantes de movimientos de izquierda.
Según la defensa del ex dictador, su estado de salud le impide enfrentar un proceso judicial, por lo que su sometimiento a proceso no respeta sus derechos humanos.
