Por dos votos a uno la Primera Sala de verano de la Corte de Apelaciones acogió a tramitación la recusación que presentó la defensa del ex albacea de Augusto Pinochet, Oscar Aitken, contra el ministro Carlos Cerda, a cargo de la investigación por las cuentas secretas del ex dictador.
Al acoger a tramitación el recurso el tribunal de alzada le indicó al magistrado Cerda que debía inhabilitarse hasta que se vea el fondo del asunto, lo que no acontecerá antes de marzo.
En un principio, conociendo sólo la votación del recurso y no el texto de la resolución, el presidente de la Corte, Juan Escobar, planteaba que no era necesario que el juez se marginara hasta que no se resolviera el asunto de fondo.
"Una vez que se resuelva si es que se acoge, y a él se le notifica, recién se vería impedido de continuar tramitando la causa", dijo Escobar.
Sin embargo, la resolución de la primera sala del tribunal de alzada ordenó expresamente la inhabilitación del juez Cerda y, de acuerdo a lo que corresponde en la ley, será el ministro suplente Alfredo Pfeiffer quien asuma la causa de forma temporal.
Así, tras la determinación de la sala compuesta por Juan Manuel Muñoz Pardo, Joaquín Billard y el abogado integrante Guido Aguirre, Cerda escuetamente señaló que lo que correspondía era acatar la resolución.
Con esto, mientras no se resuelva completamente la recusación, la investigación sobre el origen de la fortuna del ex dictador Pinochet no tendrá mayores avances pues el ministro suplente no podrá adoptar resoluciones de fondo, como por ejemplo un procesamiento.
Una situación similar vivió el 25 de febrero de 2005 el juez que investigó la causa y actual ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien también se inhabilitó aunque luego de dos meses la recusación no fue acogida por la Justicia y retomó su labor.
Rodrigo Henríquez, abogado de Aitken, procesado por fraude al fisco y evasión tributaria, presentó el lunes 20 de febrero la recusación debido a que Cerda emitió -en opinión del jurista- un juicio previo respecto de su defendido.
Esto se originó a partir de una resolución del pasado 15 de febrero, luego de un oficio enviado por el juez Cerda al embajador en Reino Unido, Mariano Fernández, donde se solicita ampliar el exhorto que se remitió a la isla Gran Caimán en 2005 por el juez Muñoz.
En el texto, el ministro Cerda señala que la información que se recabe es vital "para ayudar a establecer el delito de malversación de caudales públicos por parte de Augusto Pinochet Ugarte, con la directa colaboración de Oscar Aitken, y eventualmente de otras personas".