La institución financiera que presuntamente ayudó a Augusto Pinochet a ocultar entre cuatro y ocho millones de dólares cuando estuvo detenido en el Reino Unido pasa por problemas judiciales y financieros.
El Banco Riggs National opera desde 1836 en Estados Unidos y otros países en el mundo, destacando su énfasis de "banco de diplomáticos", ya que su cartera de clientes ha estado ligada desde sus comienzos a embajadores y personeros de cancillerías.
Sin embargo, su prestigio se comenzó a ver afectado desde marzo pasado, cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lo incluyó en sus pesquisas sobre "gigantescas" transacciones realizadas en diciembre pasado por el representante de Arabia Saudita en Estados Unidos, el príncipe Bandar Bin Sultan Bin Abdul Aziz.
Además, un gran jurado federal investiga los vínculos de la institución con el gobierno de Guinea Ecuatorial del dictador Teodoro Obiang y presunto lavado de dinero, similares a los denunciados por The Washington Post sobre Augusto Pinochet. Este hecho dejó como primera víctima a un alto ejecutivo de la firma, luego de un sumario interno.
Económicamente, tampoco le ha ido muy bien al Riggs. Mientras la mayor parte de los bancos de la Estados Unidos han registrado en sus últimos balances cifras positivas, en la institución las pérdidas en el último trimestre de 2003 llegaron a los 6,9 millones de dólares, a pesar de que posee activos por 6.370 millones de dólares.
El presidente ejecutivo Robert L. Allbritton explicó que un proyecto "multimillonario" de inversiones en tecnología dejó ese "agujero", pero que prontamente volverían los beneficios.
Ante todos los problemas que enfrenta, los rumores de una próxima venta del banco inundan el mercado norteamericano, lo que no ha sido desmentido por los directivos del Riggs, encabezados por Timothy C. Coughlin.
Los dilemas del organismo no terminan ahí. En marzo pasado, la Contraloría de la Moneda (Office of the Comptroller of the Currency, similar a nuestra superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) anunció que estaba considerando multar a la dirección del Riggs por consentir la realización de prácticas de lavado de dinero.
Además, la Contraloría calificó al Riggs como una institución "aproblemada", situación que la misma firma confirmó con el cierre de una de las más importantes de sus 48 oficinas en el mundo, la de Berlín, dejando 87 personas desempleadas.
