En Chile, la ley de datos es de 1999 que, con el avance de la tecnología, ya está desfasada, por lo que en el Congreso se debate un nuevo proyecto, sin embargo, sigue estancada desde 2017.
Romina Garrido, subdirectora del Globlab UAI, explicó en Cooperativa que en 2022, durante su primera etapa de tramitación -postergada inicialmente por la pandemia- el proyecto avanzó "muy expeditamente" hasta llegar a la comisión mixta. "No sabemos qué es lo que sucede, que no se ha citado hace más de dos meses y las últimas tres sesiones se suspendieron en el minuto", comentó.
"Lo que esta ley hace es entregar mecanismos de gestión para que nuestros datos puedan ser usados y puedan estar protegidos al mismo tiempo", sostuvo la académica de la Universidad Adólfo Ibáñez quien resaltó que "los datos somos nosotros mismos. Los datos son la información que nos hace únicos".
En conversación con Lo Que Queda del Día, Garrido añadió que esa información "es muy valiosa para las empresas. La quieren usar, la pueden usar, pero tienen que usarla bajo reglas de control".
Y, a la vez, "nosotros tenemos que estar informados acerca de cómo se va a usar esa información, para qué se va a usar, con quién se va a compartir. Y si en algún momento decidimos que esas empresas no la usen más, también tener ese poder de paralizar los usos de información, borrar datos o ponernos a tratamiento, por cierto con ciertos límites, porque cuando el Estado, por ejemplo, utiliza mis datos muchas veces yo no voy a poder oponerme, pero eso no significa que no existan reglas para ese uso".
"Esta normativa -resaltó- es una ley muy ciudadana, a pesar de que puede verse como algo muy tecnológico, hoy en día todo lo que hacemos se transforma en un dato".
TRANSACCIÓN DE DATOS
Uno de los temas que preocupa a los expertos es la entrega de información por parte de los consumidores a empresas, como supermercados, cuando solicitan el RUT; o incluso cuando se visita un departamento y en el edificio escanean el carnet de identidad.
Garrido resaltó que no está mal que se haga una "transacción de datos" al entregar nuestra información a cambio de un descuento. "Lo que está mal es que no haya una regla de control para que esa empresa se someta a ese contexto de tratamiento. Y eso es lo que no tenemos en Chile: Alguien que supervise que si a mí me piden el RUT en el supermercado para darme un beneficio, que yo acepto ese beneficio, el tratamiento se someta a ese contexto y no se use después ese dato para cualquier otra cosa".
"Como no hay reglas, yo debería apelar básicamente a que espero que el supermercado no utilice esos datos en mi contra y lo utilice para un beneficio. Escuchamos mucho este discurso de que, bueno, qué importa si ya tienen toda la información sobre mí, pero cuando nos empiezan a pasar cosas que no sabemos por qué no nos aceptaron en una isapre, por qué me subieron el plan de salud, por qué no me entregan este beneficio, porque hay un tráfico de datos que está oculto en Chile", enfatizó.
La académica añadió que "la información fluye sin ningún control, yo no tengo ningún control, yo entrego un dato y básicamente lo que sucede hoy es que me desprendo de esa información y las compañías la pueden utilizar para cualquier cosa, porque nadie fiscaliza que la información se someta a un contexto".
La experta dijo que "cuidar los datos es una tarea de las legislaciones, por cierto, pero también es algo de cada uno. Yo, si quiero entregar mi información a diestra y siniestra, también tengo que ser consciente de que hay muchos riesgos de entregar información tan livianamente".
"Hoy en día el carnet de entidad por ejemplo es la mitad de la seguridad de mi cuenta bancaria", ejemplificó.
Por ello, enfatizó, es relevante una legislación actualizada para que "si alguna vez este dato se usa de manera indebida, existan las sanciones para esas empresas que son inescrupulosas y que utilizan datos de mala forma. Eso hoy en día no existe y es imposible de lograr. Los juicios por protección de datos son costosos, necesitan abogados, son larguísimos y finalmente no se condice como el costo-beneficio".
Garrido planteó que "hoy en día estamos en una tierra de nadie. (...) Si estuviéramos en un escenario con la nueva ley de datos personales, cuando a uno le piden el carnet en el edificio, esa empresa o esa comunidad de propietarios estaría obligada a responder por lo que hace con ese dato. Y yo podría preguntar y me deberían informar dónde se almacena, por cuánto tiempo, y deberían haber políticas claras respecto de que ese dato no se puede almacenar para siempre, por ejemplo, o también delimitar la cantidad de datos que se piden".