Este miércoles comenzó a regir la nueva Ley de Estacionamientos, que se aplica en malls, supermercados, centros comerciales, aparcaderos pagados y centros de salud.
La nueva normativa contempla la aplicación de derechos y deberes, sin embargo, desde los proveedores de aparcamientos, expertos en leyes y los propios usuarios persisten algunas dudas y reparos sobre la manera en que estas modificaciones se llevarán a cabo en la práctica.
Uno de los puntos que genera interrogantes es aquél que indica que "si debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas se producen hurtos, robos o daño en el vehículo, el proveedor del servicio será civilmente responsable de los perjuicios causados al consumidor".
Desde los proveedores, el presidente de la Asociación de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (Apoce), Fernando Allendes, apuntó que "los proveedores de servicios de estacionamientos no son bancos, no son 'fuertes' que estén acondicionados para resistir los riesgos de los contenidos que puedan ir dentro de los vehículos".
"La ley no se pronuncia sobre el punto, entiende que los proveedores de servicios de estacionamientos están destinados a resguardar vehículos en sí", comentó Allendes, adelantando que este aspecto "va a ser materia de una discusión que pudiera darse, incluso, en términos litigantes".
Trámite engorroso para consumidores
En tanto, en la vereda de los clientes de los aparcamientos, Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus), sostuvo que el proceso de respuesta a los daños y perjuicios no será sencillo, puesto que obliga al afectado a "acudir al Servicio Nacional del Consumidor o al Juzgado de Policía Local competente, en caso de infracción".
En conversación con Una Nueva Mañana de Cooperativa, Calderón afirmó que antes de la nueva normativa "siempre el consumidor tuvo el derecho a que quien era el propietario respondiera, sin distinguir si el estacionamiento era de cobro o gratuito".
Ahora, en cambio, "vuelve a reiterar la responsabilidad, pero le agrega un atenuante distinto, que hace que al consumidor se le transforme en una dificultad", porque "en la ley anterior no tenía que andar demostrando ni probando que el proveedor no había tomado las medidas de seguridad suficientes", y "las empresas van a ir a alegar que ellos tomaron las medidas suficientes", previó.
Esta crítica sigue la misma línea expresada por el presidente de la Organización de de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, quien comentó que "el único camino aquí es que el consumidor vaya, con testigo, ante un tribunal y diga: 'Yo tenía un notebook o algo más', y eso es engorroso".
"Si usted se pasa al minuto 31, le van a cobrar tres tramos de 10 minutos" advirtió el presidente de los consumidores. Foto: ATON
Tarifas: "No era lo que buscábamos"
Uno de los aspectos más relevantes de la modificación es el nuevo sistema de cobro, por minuto efectivo o por tramo vencido, donde el período inicial no puede ser inferior a media hora, con tramos posteriores no menores a 10 minutos cada uno, prohibiendo al proveedor aproximar o redondear la tarifa al alza.
El líder de Conadecus aseguró que los consumidores no están más protegidos ni tienen más beneficios, "porque, primero, no hay ningún minuto de gratuidad, cosa que, sin haber ley, había, y lo que buscaba la ley era justamente ratificar esa medida de gratuidad y a partir de la media hora establecer otro tiempo para que los consumidores pudieran realizar la compra".
"La ley establece que el primer tramo es de media hora y, como son a la baja, no cobra la primera hora, pero si usted se pasa al minuto 31, le van a cobrar tres tramos de 10 minutos... No quedamos conformes, porque esto no era lo que buscábamos", comentó Calderón.
"Tenemos que ver qué es lo que se va a entender por una urgencia" comentó la abogada Lía Rojas. Foto: ATON
Pago liberado en hospitalización de urgencia
De acuerdo con la nueva normativa, "las clínicas y hospitales no podrán realizar cobro alguno por los servicios de estacionamiento cuando éstos sean utilizados en urgencias o emergencias y durante el tiempo que duren éstas".
El texto señala, además, que las instituciones no podrán emitir cobros a "pacientes que presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento, circunstancia que deberá ser acreditada por el profesional a cargo del tratamiento o atención de salud".
"Ahí tenemos que ver qué es lo que se va a entender por una urgencia, porque la ley dice claramente que esta situación tiene que ser calificada por un facultativo de la misma institución", comenta la abogada Lía Rojas.
"Siempre la ley tiene alguna parte que va a ser interpretativa y que va a depender de cómo en la práctica se empieza a aplicar y de, quizás, qué va a ir cambiando en lo sucesivo. Le otorga plenas facultades a la misma clínica u hospital para calificar si era o no un caso de urgencia", indicó la jurista.
"El lobby ganó por goleada"
Hernán Calderón apuntó que todas estas dudas sobre el texto se originaron porque "la presión del sector empresarial y de los lobbistas hizo cambiar de opinión al Gobierno, a los parlamentarios, y una ley que ingresó con un objetivo, terminó con un objetivo distinto, que fue proteger los bienes del empresariado".
"Yo le mandé cartas a la Presidenta, le pedimos que nos recibiera para pedirle directamente a ella que vetara este proyecto de ley, pero no tuvimos respuestas", lamentó el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores, señalando que "el Gobierno se desatendió de este problema"
"El lobby nos ganó por goleada", concluyó.
Sobre el cumplimiento de las normas tarifarias y detectar posibles diferencias y alzas, el director subrogante del Servicio Nacional de Consumidor, Juan Carlos Luengo, informó que "acá rige el libre mercado, el Sernac está implementando el monitoreo respectivo" y tomarán acciones necesarias para defender los intereses de los usuarios.
