El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reprochó que las empresas no han cambiado sus conductas de enviar mensajes promocionales no deseados a los usuarios, pese a las acciones judiciales que se han realizado en su contra por incumplimientos.
El Sernac mantiene la plataforma "No Molestar", que permite a los consumidores solicitar que determinadas compañías dejen de realizar llamadas o enviar mensajes spam, que
Durante el 2022, las empresas de telecomunicaciones concentraron el 57% de las solicitudes: fueron 334.972 contra ese mercado por comunicaciones publicitarias o promociones mediante llamadas o SMS, entre los cuales hubo 7.066 casos de aviso de incumplimiento, es decir, que no respetaron el plazo para quitar a las personas de sus bases de datos.
"En el caso del 'No Molestar', hemos iniciado históricamente un sinnúmero de acciones judiciales ante Juzgado de Policía Local, diría yo cientos de acciones, y lamentablemente ese camino judicial no ha permitido el ajuste de conductas por parte de estas compañías", recriminó Andrés Herrera, director nacional del Sernac.
Explicó que, "de acuerdo con la normativa actual, las empresas pueden hacer estas comunicaciones".
La Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores establece que "los proveedores que dirijan comunicaciones promocionales o publicitarias a los consumidores (...) deberán indicar una forma expedita en que los destinatarios podrán solicitar la suspensión de las mismas", por lo que, una vez "solicitada ésta, el envío de nuevas comunicaciones quedará prohibido".
"Por eso el llamado a las personas que no deseen recibir más estas comunicaciones, recibir 10, 12 llamados diarios, que a veces tenemos esas experiencias, que ingresen a la plataforma 'No Molestar', soliciten la suspensión, y desde ese mismo momento queda suspendido cualquier envío", conminó Herrera.
"El llamado a los consumidores es que hagan ejercicio de su derecho de no recibir más estas comunicaciones", sentenció.
En este marco, la semana pasada el Sernac inició una mesa de trabajo con las principales empresas de telecomunicaciones presentes en el país, instancia que tiene un plazo de tres meses para avanzar hacia el fin de las llamadas y mensajes spam.