La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia visó un mecanismo de "actuación institucional para tratar adecuadamente las denuncias", destacó el ministro Luis Cordero.
Chile acogerá en dos semanas la tercera Conferencia de las Partes del tratado regional.
La Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que reúne a las máximas autoridades políticas y judiciales, aprobó el protocolo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú, del que Chile es parte desde el segundo semestre del 2022.
Tras un año de diálogos, la instancia visó en la víspera la creación de una mesa de coordinación con las distintas instituciones, que tendrá dos mecanismos de activación: uno para la ciudadanía, mediante portal web; y otro institucional, a fin de que cualquier organismo público que tenga antecedentes sobre una situación de riesgo o amenaza hacia un defensor, pueda derivar el caso.
"Es un protocolo que el país debía aprobar en el caso de las instituciones, en el contexto de la aplicación del Tratado de Escazú. Este es uno de los requerimientos, además, que el país tiene, pero en general lo que tiene es un protocolo de actuación institucional para aquellas personas que están calificadas como defensoras o defensoras de derechos humanos", destacó el ministro de Justicia y DDHH, Luis Cordero.
"Esto es muy relevante en general en las actuaciones de defensa, específicamente en materia ambiental, o en aquellas personas que realizan actividades en sus territorios", enfatizó, remarcando que el reglamento "impone una serie de obligaciones para tratar adecuadamente las denuncias y la protección de esas personas".
El documento también definirá el perfil para determinar a los defensores de DDHH.
📌 Ministro @LuisCorderoVega encabeza nueva sesión de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal.
— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjuDDHH) April 4, 2024
🔎 Bajo el marco del acuerdo con las obligaciones generales del Estado en materia de derechos humanos y especialmente con el Tratado de Escazú, durante esta… pic.twitter.com/lDUhJinTHx
"NADA SE HA HECHO PARA AVANZAR EN PROTECCIÓN", REPROCHA ONG
Sebastián Benfeld, fundador y presidente de la ONG Escazú Ahora y activista medioambiental premiado por Naciones Unidas, aseguró que en 2023 hubo más de 20 defensores amenazados en Chile, y reprochó una lenta implementación del tratado.
"En 2022 el Gobierno se comprometió a promover una ley de protección de defensores ambientales, pero a dos años de ese compromiso nada ha hecho. Hace dos años el Gobierno también se comprometió a crear una institucionalidad de alerta temprana, pero hasta la fecha ni siquiera tenemos certeza de que el Ejecutivo esté trabajando en aquello. Chile será sede de la cumbre más importante del Acuerdo de Escazú el 22 de abril, pero a solo días de ese evento nada ha hecho para avanzar en la protección de las y los defensores ambientales", fustigó.
Nuestro país albergara entre 22 y 24 de abril la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del tratado, llamado formalmente Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
