El subsecretario Monsalve confirmó que, "lo antes posible", el Mandatario usará una facultad administrativa.
"Pueden ser revocadas por razones de oportunidad, de mérito y de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común", explicó.
El Presidente Gabriel Boric utilizará una facultad administrativa para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes hayan cometido delitos, luego de que se conocieran varios casos de beneficiados condenados en el marco del estallido social.
Durante su intervención en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discute una reforma a la ley que permite otorgar estos beneficios, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que "la disposición del Presidente Boric es entregar una facultad para revocar (los beneficios); segundo, que esa facultad sea retroactiva (...) y que el Presidente de la República no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa".
Explicó que "todos saben que ha habido un debate jurídico respecto si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales. La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia".
Sobre los plazos, Monsalve agregó que "no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República (...) el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente lo va a usar lo antes posible".
En la Cámara Baja se tramita un proyecto, refundido a partir de tres iniciativas impulsadas por la derecha -luego de la polémica similar que hubo en septiembre del año pasado-, a fin de impedir la concesión de pensiones de gracia a quienes registren antecedentes o condenas penales, y limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en la entrega de la misma.
El Ejecutivo, que recientemente acusó recibo de la necesidad de modificar el procedimiento respectivo, ingresó indicaciones para revertir e invalidar las pensiones de gracia a quienes, una vez que se les otorgó la pensión de gracia, cometan delitos; y establecer como requisito la revisión de los antecedentes para el otorgamiento de éstas, pero sin prohibir su entrega en esos casos.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, precisó que "el subsecretario ha hecho referencia a una facultad general que se encuentra en la ley, reconocida para revocar actos administrativos. La ministra del Interior ha solicitado la revisión completa de las pensiones que se han realizado y en función de eso tomar una decisión de cuáles se revocarán o cuáles se invalidarán".
"Pero que sea un estándar verificable, por lo efectos que tienen en las pensiones no solo las relacionadas al estallido", añadió.
"A partir de eso se van a producir reclamaciones de distinto tipos, administrativas o judiciales, pero el Ministerio del Interior ya ha señalado que, en opinión de sus equipos legales, que es una opinión compartida del Gobierno, es una facultad que puede ser ejercida por quienes han sido otorgadas", añadió.
El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) sostuvo que "esperamos que de aquí a la próxima semana, antes que se termine el proceso de votación, se hayan revocado al menos las cinco pensiones de gracia que han tenido tanta cuestión hoy día en el país. Es lamentable que el gobierno haya entrado tan tarde a dialogar y a conversar, se le invitó más de cinco veces".
Claudia Mix (Comunes) valoró que "vemos disposición del gobierno a abrirse a solucionar este problema en que nos vemos involucrados. Disposición del gobierno, representando al Estado finalmente, porque aquí hay responsabilidades compartidas de este gobierno y el anterior, y en eso estamos todos de acuerdo".
Desde el INDH, su directora Consuelo Contreras indicó que "todas las pensiones que se entregaron fueron por la glosa que no requería calificación del Instituto. Nosotros imposible que califiquemos otra cosa más que no sea la presencia o ausencia de violación a los derechos humanos".
"No tenemos la experticia, no tenemos el mandato legal ni las condiciones para poder tener antecedentes de otro tipo, como los antecedentes penales por ejemplo", agregó.
