En medio de la polémica que generó el "asado de camaradería" que un grupo de militares en retiro iba a realizar en honor al violador de los derechos humanos Miguel Krassnoff al interior del Penal Cordillera -cuyo cierre estudia el Presidente Piñera- la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios dijo que dicho tipo de festejos "son comunes" en el recinto.
"Nosotros hemos tomado conocimiento de que en el pasado reciente y casi en el presente se concretan actividades de este tipo, que han sido comunes; han sido agasajos y celebraciones que se han realizado en este establecimiento", explicó el presidente de la Anfup, Óscar Benavides, en El Diario de Cooperativa.
El dirigente dijo haberse enterado que "el mismo interno (Pedro) Espinoza reclamaba en algún instante en contra de Contreras a propósito de este tipo de celebraciones", ya que consideraba "que después podían cuestionarse y afectar a toda la población penal de ese establecimiento".
Benavides reiteró su molestia ante los dichos "peyorativos" del ex jefe de la DINA, que en una entrevista con CNN Chile relativizó su reclusión carcelaria y dijo que los gendarmes sólo estaban en Cordillera para sostenerle el bastón.
"Nosotros nos hemos sentido profundamente ofendidos", dijo el líder de Anfup, organización que pidió sancionar a Contreras por estos dichos, algo que ocurrió, según constató la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, en un informe dado a conocer ayer que daba cuenta de las condiciones precisas de las que gozan los internos de Cordillera.
Increpado por Krassnoff
"El día de ayer nosotros nos constituimos con otros dirigentes de Anfup en la misma unidad penal, y allí fuimos a constatar si efectivamente se estaba cumpliendo esta sanción. El alcaide nos demostró que efectivamente se estaba cumpliendo", explicó Benavides, que dio cuenta de "una situación bastante peculiar" que le tocó vivir.
"Nosotros solicitamos conocer las dependencias e imponernos para poder hablar con propiedad respecto de estos temas. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer las dependencias de los funcionarios y también de los internos", dijo.
"Allí, por casualidad, tuvimos las oportunidad de encontrarnos cara a cara con el mismo Krassnoff, quien me prestó sus aprensiones, su desacuerdo, incluso me increpó en frente de otros funcionarios a propósito de nuestros dichos" a favor del cierre del penal.
Esta situación "también la representamos al jefe de unidad, y le hemos solicitado que se proceda conforme a reglamento, porque aquí Krassnoff le ha faltado el respeto no solamente al presidente de la Anfup, sino a un suboficial de Gendarmería de Chile, Óscar Benavides Millapán (él mismo), que es un funcionario de Gendarmería, y dentro de un penal está establecido que se deben mantener ciertas posturas de respeto hacia el personal penitenciario".
Benavides dijo que en su visita constató que los 10 violadores de los derechos humanos que allí se encuentran "están en un lugar que se asemeja bastante a un campo recreativo, que cuenta con cabañas y espacios de áreas verdes que los mismos internos cuidan".
Preocupación interna
En medio de la visita el líder de Anfup también constató la preocupación que ha generado entre los reos el posible cierre anunciado por Piñera tras las polémicas entrevistas televisivas de Contreras y la revelación del "asado-homenaje".
"Tanto así que el día de ayer un grupo de internos reunidos nos planteaba su diferencia de opinión respecto a lo que planteaba Manuel Contreras; estos dichos de que los gendarmes estaban 'para pasarle el bastón a él', se manifestaban rechazando esto", relató.
Óscar Benavides insistió en que, para su organización, "lo que se debería hacer en justicia es igualar las condiciones de los 54 mil reos que están cumpliendo condena en estos instantes en el país", terminar con estos privilegios frente al resto de los presos, "que están en condiciones, la verdad, muchas veces paupérrimas", incluso "infrahumanas".
"Hay que reconvertir este tipo de establecimientos penales (Cordillera y Penta Peuco) en unidades, tal vez, de tratamiento o rehabilitación, porque la Región Metropolitana tiene el 40 por ciento de la población penal chilena, alrededor de 22 mil reos que están en las unidades más conflictivas del país. Por lo tanto, cerrar un establecimiento dejando estos espacios libres sin ser utilizados también nos parece desproporcionado", explicó.