Chile Vamos recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) en contra del proyecto de ley que busca castigar el negacionismo de los abusos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 22 de septiembre y a la espera de ser debatida aún en el Senado, la iniciativa busca penalizar con hasta tres años de presidio a quien "justifique", "apruebe" o "niegue" las violaciones a los derechos humanos que informes oficiales documentaron al término del régimen cívico-militar.
Según detalló al diario El Mercurio la diputada Camila Flores (RN), quien durante el debate en la Sala del proyecto hizo la reserva de constitucionalidad, la presentación ante el TC se debe a que "esta norma vulnera principios básicos que son fundamentales para cualquier democracia" y, además, porque -a juicio de los parlamentarios- el proyecto debió ser aprobado no por quorum simple, sino por uno calificado.
El diputado Francisco Undurraga (Evópoli), en tanto, señaló que "un proyecto que restringe de tal manera la libertad de expresión, que ha sido condenado por todos los profesores de derecho constitucional y organismos que defienden los DD.HH., no puede sino ser declarado ilegal y no debe seguir tramitándose en el Congreso".
"No vamos a aceptar más la imposición ilícita de una izquierda que, aprovechándose de su mayoría, lesiona de manera descarada un derecho fundamental como es la libertad de expresión, más aún, intentando burlar mañosamente los quorum legales", agregó el diputado Gustavo Sanhueza (UDI).
De acuerdo a El Mercurio, el borrador del recurso de los diputados Flores, Undurraga y Sanhueza junto a Javier Macaya (UDI) y Luis Pardo (RN), hace referencia a una vulneración del artículo 19, número 12 de la Constitución, relacionado con la libertad de emitir opinión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio.
Al mismo tiempo, el texto hace referencia al artículo 19, número 2, que señala que ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. En ese sentido, hace hincapié en que no se puede hacer una diferencia "caprichosa" fundada con la intención de establecer una suerte de "verdad histórica", según el rotativo.
Asimismo, se alude al artículo 19, número 3, que dicta que "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella", señalando que el proyecto no cumple con los requisitos de tipicidad y taxatividad exigidos, por cuanto los verbos vectores que utiliza admitiría una laxitud en su interpretación.
Los diputados se encuentran en pleno proceso de recolección de las firmas que se requieren para la tramitación y esperan recurrir este lunes al TC.
El proyecto de ley fue presentado en 2017, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet (2014-2018) y en el marco de la conmemoración de los 44 años del golpe de Estado que en 1973 protagonizó Pinochet contra el Presidente socialista Salvador Allende.
Durante la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas.
