La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputadoa aprobó una norma que abre la puerta a que ancianos que hayan sido condenados por violaciones a los derechos humanos puedan cumplir las penas en sus casas bajo libertad condicional.
Se trata de una indicación de los diputados Diego Schalper (RN), Johannes Kaiser (independiente, ex-Republicano), Jorge Alessandri (UDI) y Cristian Araya (Republicanos), ingresada en el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para agravar las sanciones ante crímenes contra la vida de las personas, propuesto en enero del 2023 por parlamentarios vinculados entonces a la bancada de Renovación Nacional.
En la víspera, la referida comisión de la Cámara Baja, presidida por Andrés Longton -que además es autor de la ley-, visó con tres votos a favor y dos en contra -cinco en total, de 13 integrantes- la disposición particular que eventualmente podría aplicarse a criminales de lesa humanidad, de acuerdo con La Tercera.
"Se concederá libertad condicional para aquellas personas condenadas que hubiesen cumplido 75 años de edad y padecieran una enfermedad terminal o inhabilitante. En todo caso, deberán cumplirse las normas generales y requisitos que regulen su otorgamiento y revocación", establece la indicación.
Kaiser defendió que "hay penales del país en los cuales hay adultos mayores de 75 años de edad, algunos de 80, 84, 90 años, incluso más, que se encuentran muchas veces en estado de demencia, que se encuentran sufriendo enfermedades terminales, y que no pueden ser, por tanto, sujetos al mismo trato que el de la población penal general, en razón de su condición distinta, sus necesidades y demandas de atención que son distintas a las de la población general".
"Es efectivo que hay personas adultas mayores en todos los centros penitenciarios, pero la concentración de adultos mayores está en Punta Peuco", advirtió, por su parte, la oficialista Lorena Fries (Convergencia Social), quien votó en contra.
"Yo estaría de acuerdo con un proyecto así si se hubiera hecho la excepción respecto de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. Porque bajo esta indicación es posible también que (beneficie a) esas personas que no han contribuido, que ingresaron tardíamente a los recintos penitenciarios, pasaron muchos años en libertad. La verdad es que no me parece de justicia", reprochó quien fuera la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La ley en la que fue incluida la indicación es tramita recién en su primer trámite.
La norma recuerda a la enmienda que el año pasado propuso Republicanos -sin éxito- en el Consejo Constitucional, en el fallido segundo proceso constituyente, bajo la cual -según advertía entonces el Gobierno- más de la mitad de los beneficiados iban a ser condenados por causas de DD. HH. Más recientemente, en enero el Senado rechazó un proyecto de ley similar.
