"Sería muy relevante para el país y para los familiares que nos dijeran dónde están (los detenidos desaparecidos)", dijo el ministro de Justicia.
"Los que podrían tener información son las personas de mayor edad", aseguró el senador Iván Moreira (UDI).
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la carta suscrita por un grupo de 27 oficiales de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en la que reconocieron este martes que, en el cumplimiento de sus deberes, "y en la forma como lo entendían en esa época", muchas de sus acciones "produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias".
En la misiva, que leyó en un punto de prensa el diputado Gonzalo de la Carrera, exmilitante del Partido Republicano, un día después que se conmemoraran los 50 años del golpe de Estado, los firmantes -presos en la cárcel de Punta Peuco- asumieron "la responsabilidad" por el "pávido silencio" de sus superiores que "no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados".
"Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes", agregaron.
Los militares empatizaron con "los eslabones más bajos y débiles de la cadena de mando" (suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles) que "tienen como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos".
🚨Adjunto carta de presos de Punta Peuco dada a conocer a la prensa hoy🚨Las firmas mismas están pero no caben en formato X.
— 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) September 12, 2023
Espero haber contribuido a la reconciliación nacional. pic.twitter.com/QXeBizcZKL
Consultado por la opinión del Gobierno respecto a la carta, Cordero dijo que "lo primero -vamos por la parte positiva- es que en esa carta se reconocen violaciones a los derechos humanos en algunos que la suscriben que las han negado en el pasado".
En segundo lugar, "es una carta escrita a favor de terceros, suboficiales y clase, pero quienes suscriben están condenados y respondían a labores operativas que se encontraban en los departamentos y unidades de inteligencia que sirvieron de base a violaciones de los derechos humanos", agregó el ministro.
"Y lo tercero que me parece relevante de esa carta es que deja en evidencia que hay personas que disponen de la información y yo creo que con la misma iniciativa sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están", subrayó, en referencia a los detenidos desaparecidos.
Cordero remarcó que para el Ejecutivo "la importancia de esta carta es que la firma un grupo de personas que si bien en el pasado negaron las violaciones a los derechos humanos, con esta carta señalan que sí existieron, y es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente por el bien del país, de las familias, y probablemente de su propia conciencia, que lo pudieran entregar a los jueces a cargo de la investigación".
No obstante, descartó posibles beneficios para condenados por crímenes de lesa humanidad entreguen esa información: "El Gobierno no tiene ninguna iniciativa sobre ese punto y cualquier efecto de sus declaraciones están en el contexto de las investigaciones judiciales que realizan los jueces".
Desde la derecha, el senador Iván Moreira (UDI) también se refirió a la misiva y, ante la pregunta de si cree que los militares podrían tener más información sobre los detenidos desaparecidos, aseveró: "Sí, podrían tenerlo".
"Los que podrían tener información son las personas de mayor edad, que están enfermas, que están sobre los 75 y hasta los 93 años de edad, que lo único que esperan es poder morir en los brazos de su familia. ¿Por qué no darles esa posibilidad de que, con un incentivo judicial, pudiesen ellos optar a un beneficio que finalmente ayudaría a encontrar a esas víctimas, tan necesarias de conocer dónde están por sus familiares?", sugirió.
Los 17 años de la dictadura de Pinochet dejaron cerca de 40.000 víctimas, entre torturados y presos, y más de 3.200 opositores ejecutados, de los cuales un tercio permanece aún desaparecido, según datos oficiales.
