La Contraloría cifró en al menos 3.000 los casos de entrega irregular de beneficios.
Michelle Bachelet "recibió estas denuncias en 2008", advirtió la diputada Karla Rubilar (RN).
"Es una situación gravísima y están comprometidos varios gobiernos de la Concertación", dijo el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Hasbún.
Una reacción unánime de "indignación" expresaron personeros de Renovación Nacional y la UDI luego de conocerse el informe de la Contraloría que cuestiona "al menos 3.000" casos de entrega de beneficios a exonerados políticos.
Fue en 2008 cuando el programa "Contacto" destapó el mal uso de dineros públicos destinados anualmente al pago de pensiones vitalicias para quienes fueron exonerados o despedidos por motivos políticos entre 1973 y 1990. Los casos vinculaban a una serie de autoridades políticas que firmaban los documentos como testigos de quienes pedían el beneficio estatal. Sin embargo, muchos de éstos eran falsos.
Cinco años más tarde, la Contraloría General de la República estimó que se entregaron beneficios por más de 29 mil millones a al menos 3.000 personas que no contaban con todos los antecedentes para ser considerados exonerados, siendo éstos avalados por parlamentarios, en su mayoría de los partidos Socialista y Comunista.
Entre las medidas a adoptar, la Contraloría especificó que se deben tomar acciones en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública para exigir el claro cumplimiento de los requisitos; y en el Instituto de Previsión Social se instruyó una investigación sumaria por los pagos efectuados con posterioridad al fallecimiento del beneficiario. También se ordenó iniciar acciones de cobro en casos con irregularidades e indicó que la Superintendencia de Seguridad Social debe ejercer sus potestades fiscalizadoras.
Al respecto, el subsecretario del Interior, y quien solicitó la investigación al órgano fiscalizador, Rodrigo Ubilla, dijo que con esto se ratificaron las hipótesis sobre malas prácticas en la entrega de beneficios para exonerados políticos.
"Lo importante es que se ratifica que aquí ha habido una práctica durante un periodo largo de tiempo de entregarle beneficios a quienes no tenían derecho por ley", dijo Ubilla.
Parlamentarios apuntan a Bachelet
Desde las bancadas parlamentarias oficialistas anunciaron que solicitarán reabrir la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por este caso, y no descartan la posiblidad de citar a declarar a Michelle Bachelet.
Este miércoles la diputada RN Karla Rubilar se reunirá con el subsecretario Ubilla para analizar en detalle el informe de la Contraloría.
La parlamentaria -que fue quien pidió al Gobierno del Presidente Piñera indagar este tema- fue expresa en atribuir responsabilidad a la ex Presidenta y ahora candidata presidencial en la falta de investigación de las posibles negligencias involucradas.
"Queremos que en esta oportunidad la candidata Bachelet no diga 'paso', porque ella recibió las denuncias el año 2008", dijo Rubilar.
"Son 29 mil millones de pesos de todos los chilenos (que) se entregaron a exonerados falsos. Si eso no debe indignarle a todos en un país donde se violaron los derechos humanos y hoy día se han utilizado políticamente, yo no sé qué más nos podría indignar", sentenció la legisladora.
El jefe de la bancada de diputados de la UDI, Gustavo Hasbún, respaldó esta posición y la necesidad de reabrir la comisión investigadora.
"Creemos que es una situación gravísima que hay que aclarar, sobre todo porque aquí están comprometidos varios periodos de varios gobiernos de la Concertación y, el último, el de la ex Presidenta Bachelet", señaló Hasbún.
En caso de que sea reabierta la comisión investigadora, desde la Alianza podrían citar, además de Bachelet, a ex subsecretarios del Ministerio del Interior de la Concertación.
A los emplazamientos se han sumado también desde el Gobierno, como ha hecho Magdalena Piñera, hija y asesora del Presidente:
Que dice @felipeharboe de todo esto? Ojalá ese dinero se hubiera destinado a personas q realmente lo necesitaban...
— Magdalena Piñera (@Manena) 29 de mayo de 2013
Núñez reconoce irresponsabilidad
En el informe de la Contraloría aparecen los nombres de una serie de políticos; entre éstos parlamentarios en ejercicio como los senadores socialistas Camilo Escalona e Isabel Allende, dirigentes comunistas y también de ex legisladores como el ex senador y ex presidente del PS Ricardo Núñez.
Al respecto, este último aseguró que los parlamentarios fueron engañados, sin embargo reconoció que en muchos casos no realizaban una revisión exhaustiva de los documentos que les eran presentados.
"Quienes se acercaron a nosotros estuvieron con la finalidad de engañar, de beneficiarse de una ley que tanto le costó a los chilenos. Uno confiaba en la persona que llevaba a esa persona, uno confiaba en los antecedentes que se entregaban de esa persona, confiaba en la edad de esa persona y, en consecuencia, por cierto, a lo mejor irreflexivamente o irresponsablemente –como quiera calificarse- uno firmaba aquellos certificados", expresó Núñez.