Diputados UDI y RN presentaron la iniciativa en la Cámara Baja.
Diputado Núñez acusó intervencionismo electoral de cara a las primarias.
Los parlamentarios de la Alianza presentaron el proyecto ante la Cámara Baja.
Un grupo de diputados de RN y la UDI ingresó este martes al Congreso un proyecto de ley que busca congelar el pago de beneficios a aquellas personas que se hicieron pasar por exonerados políticos de manera fraudulenta.
La iniciativa, anunciada durante el fin de semana, fue presentado durante esta jornada por los parlamentarios Pedro Browne (RN), Gustavo Hasbún (UDI), Leopoldo Pérez (RN) y Cristián Monckeberg (RN), quien se refirió al proyecto.
"Lo que hemos hecho hoy es presentar un proyecto de ley que busca entregarle facultades al Presidente para revocar la calidad de exonerado político a quien la obtuvo mediante engaño, fraude o presentando antecedentes que no correspondían, esperamos que la Concertación dé su apoyo y dé sus votos", dijo Monckeberg.
En tanto, desde la oposición, el diputado del PPD Marco Antonio Núñez acusó al Gobierno de intervención electoral de cara a las primarias del próximo 30 de junio.
"El sector que ellos representan los exoneró, si eso no hubiera ocurrido no estaríamos viviendo este problema. Como bancada de oposición le exigimos al Gobierno y en particular al Ministerio del Interior dejar de intervenir en la elección primaria del 30 de junio porque temen sufrir una gran derrota", dijo Núñez.
Los parlamentarios de la oposición cuestionan primero a la Contraloría por haber tomado razón de la calidad de exonerados políticos de quienes ahora están en situación irregular y cuestionan al Gobierno por intervenir con este tema en la campaña presidencial.
El vicepresidente y titular de la cartera de Interior, Andrés Chadwick, respondió a estas críticas.
"Es un deber del Gobierno, del cual no podemos sustraernos, cuando nos enfrentamos a irregulares o a situaciones eventuales de corrupción de poner eso en conocimiento inmediato de Contraloría, Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y cuando Contraloría ratifica las denuncias originales, es deber del Gobierno ponerlo en conocimiento de la opinión pública y continuar con las investigaciones correspondientes", sostuvo Chadwick.
